Agencia Virtual de Prensa –AVP-. 3.347 extrabajadores de las fincas bananeras del Urabá antioqueño se encuentran en situación de discapacidad. Los representantes de estas personas, agrupadas en la Asociación de Discapacitados de las Bananeras –Asodisban-, le expresaron al candidato al Senado por el Polo Democrático Alternativo, Álvaro Cardona Saldarriaga, el estado de abandono en que se encuentran, tanto por las empresas bananeras a las que prestaron su servicio como trabajadores como por los gobiernos Departamental y Nacional.

Álvaro Cardona llama la atención, inicialmente, de los empresarios bananeros, quienes constitucional y legalmente deberían ser los primeros en atender con dignidad y respeto a estas personas que entregaron su fuerza laboral para el crecimiento de la industria bananera de la zona, y perdieron parcial o totalmente su capacidad física como consecuencia de accidentes laborales.

“Estas personas no sólo perdieron sus trabajos sino que hoy están expuestas a la discriminación y la exclusión social que les impide ejercitar sus derechos, libertades y participar plenamente en las actividades ordinarias de la sociedad en que viven”, afirma Cardona Saldarriaga.

El Candidato al Senado con el número 12 en la Tarjeta Electoral del Polo Democrático Alternativo, les recuerda a empresarios y funcionarios públicos del nivel departamental y nacional que con estas personas en situación de discapacidad se violan permanentemente los artículos superiores 13 (El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta), 16 (Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico), 25 (Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas), 47 (El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran) y 49 (Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud).

Álvaro Cardona Saldarriaga se comprometió con las víctimas laborales de la industria bananera de Urabá a solicitar la intervención del Consejo Departamental de Atención a la Discapacidad, que actúa como un Subcomité del Consejo de Política Social, y del Ministerio de Salud y Protección Social, de tal manera que se pueda obtener la orientación necesaria para la recuperación de los derechos de estas 3.347 personas en situación de discapacidad, empezando por su afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y al Sistema General de Pensiones.

“Los gobiernos Departamental y Nacional y los empleadores bananeros tienen que ser consecuentes con que estas personas no pueden ser tratadas de manera asistencial o caritativo sino como sujetos portadores de derechos. Especialmente, en el caso de los empresarios, quienes deben ser conscientes de que explotando su fuerza laboral terminaron en circunstancias de debilidad manifiesta”, concluye el Ex Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, dependencia de la que espera obtener el compromiso con estudios que le permitan, desde el Congreso, emprender acciones más sólidas e impulsar políticas de protección a los discapacitados en estado de abandono.

De acuerdo con el censo de población del DANE de 2005, en Antioquia el porcentaje de personas con discapacidad llega al 6.55 %. Según la Organización Mundial de la Salud, en países en vía de desarrollo como Colombia, el crecimiento de esta población es del 40 %, lo que permite prever –dice la OMS– un significativo aumento en los próximos años.