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Colombia asiste a un episodio institucional muy delicado en el que varios gobernadores y alcaldes han anunciado que no acatarán los decretos expedidos por el presidente Gustavo Petro en desarrollo de la Emergencia Económica. ¿Puede una autoridad territorial decidir qué normas nacionales cumple y cuáles no? ¿Estamos ante un legítimo control constitucional o frente a una peligrosa forma de insubordinación institucional?

La reciente fusión entre Caracol Radio y La W Radio, dos marcas emblemáticas del ecosistema informativo colombiano, no puede leerse únicamente como un movimiento estratégico empresarial. Es, especialmente, un síntoma profundo del remezón que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han provocado en los medios tradicionales, no sólo en Colombia, sino en el mundo entero.

Al término de la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, realizada este martes, 13 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, el Gobierno de Colombia reiteró la línea que ha venido sosteniendo en materia de política exterior: la defensa irrestricta del Derecho Internacional, el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la condena a cualquier acción que implique el uso de la fuerza o la invasión militar de un Estado soberano.

El incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno nacional tras el fracaso de la concertación entre empresarios y centrales obreras, abrió un nuevo frente de confrontación en Colombia: el judicial. Mientras sectores empresariales buscan frenar el aumento por vía de acciones legales, el presidente Gustavo Petro defiende la medida como un mandato constitucional y convoca a la movilización social para evitar que sea desmontada.

En política del Poder, el futuro es más importante que el Presente. Argumentar desde la lógica del presente, es anticuado. La Nueva Política obliga a que la argumentación se haga siempre desde la lógica del futuro.

La reciente intervención del Ministerio de Educación en la Universidad de Antioquia, concretada en la designación temporal de un nuevo rector, abre un debate profundo y necesario. Mientras el Estado apela al principio de inspección y vigilancia para justificar su actuación, algunos profesores y autoridades universitarias la consideran una vulneración directa de la autonomía. Este episodio obliga a ir más allá de la coyuntura y a formular preguntas de fondo: ¿Qué autonomía se está invocando? ¿La proclamada por la Constitución y regulada por la ley o aquella que existe en la gestión cotidiana que, en la práctica, ha sido capturada por clientelas internas, intereses políticos regionales y una burocracia sofocante?

En la movilización por la defensa de la soberanía y la democracia realizada este miércoles, 7 de enero de 2026, el presidente Gustavo Petro dió la buena noticia en relación con la amenaza de que la suerte que corrió Venezuela por cuenta de la operación de “extracción” o “secuestro” de Nicolás Maduro, pudiera repetirse en Colombia: tuvo un diálogo telefónico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una hora y 13 minutos duró el diálogo entre los mandatarios.

Cuatro días después de la operación militar estadounidense en Caracas, en la que fueron “extraídos” o “secuestrados” Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y que fue calificada por varios de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas  como una violación grave del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU, se produjo la primera conversación oficial entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump. 

Algunos congresistas, dirigentes y políticos han sugerido la intervención del gobierno de Estados Unidos en Colombia, emulando lo acontecido el 3 de enero de 2026 en Venezuela. Algunos han mencionado el nombre del presidente Gustavo Petro como quien debe ser el siguiente en correr la misma suerte de Nicolás Maduro.

A propósito del malestar frente a la Resolución del Ministerio de Educación Nacional del 29 de diciembre de 2025, “Por la cual se reemplaza al Rector de la Universidad de Antioquia”, manifestado por el Consejo Académico, algunos sectores de la comunidad universitaria expresaron que la inconformidad es una “posición corporativa de respaldo” de la mayoría de decanos cercanos al rector John Jairo Arboleda, varios de ellos reelegidos. Al contrario, estos críticos respaldan la intervención del Ministerio de Educación, la cual debe contribuir a transformar una Universidad en la que -según dicen- desde hace años se ha instalado una especie de “feudalismo académico”.