El candidato a la Cámara de Representantes, Luis Bernardo Vélez, viene preguntándose si el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, tiene en claro los límites éticos que le permiten cuidarse de participar directa o indirectamente en política, permitiendo que su imagen sea puesta en vallas y pasacalles de aspirantes a Senado y Cámara de Representantes por su movimiento político “Creemos”, además del apoyo de estos al candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Luis Bernardo Vélez recuerda que el partido Alianza Verde, el cual avaló su aspiración a la Cámara, le solicitó a la Subsecretaría de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín la aprobación para poner sus vallas y pasacalles, pero la respuesta tardó -dice- 20 días y después de la autorización -agrega- varios de sus vallas y pasacalles fueron tumbados por funcionarios de Espacio Público, lo que considera una irrespetuosa violación al prinicipio de igualdad, a sabiendas de que la Ciudad está inundada de vallas y pasacalles de los candidatos de “Creemos”. Dice Luis Bernardo Vélez que todos los candidatos exigen equilibrio en el uso del espacio público para todos los candidatos.

“No puede ser que los mejores lugares sean para las vallas de Creemos y que haya mayor cantidad de vallas, lo que lleva a preguntarnos de dónde salen los recursos, lo cual debe ser investigando por el Consejo Nacional Electoral, ya que una valla cuesta siete u 8 millones de pesos mensuales”, manifestó Luis Bernardo Vélez.

A propósito, el abogado especialista en Derecho Público, David Suárez Tamayo, expresó en su cuenta de X su preocupación con el “uso-abuso de los candidatos de @creemos a @SenadoGovCo @CamaraColombia”, lo cual calificó de “alarmante”.

“¿La cantidad de vallas-pancartas-pasacalles en El Poblado sí estará permitido? ¿Y el uso y abuso del nombre e imagen de @FicoGutierrez en la publicidad?”, se preguntó Suárez Tamayo y también lo hizo con los carros de los concejales. Por eso, hizo un llamado a verificar por parte del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación.

Por otro lado, Luis Bernardo Vélez dice que no se ve bien que el Alcalde de Medellín haya direccionado la participación de una hermana suya como cabeza de lista al Senado de la República, lo cual comparte el candidato al Senado, Patricio Gaviria, quien considera esta actuación como nepotismo.

“Pícaro, deshonesto y mentiroso es el señor Federico Gutiérrez (…) Si ustedes ven las redes, miren cómo está haciendo uso de los recursos públicos para promover su partido, su proyecto político de IndentiFico, donde quien encabeza la lista de Senado es su hermana y donde su sobrino está para la Cámara. ¿Eso qué es? Nepotismo el que está haciendo el señor Federico Gutiérrez”, manifestó Patricio Gaviria, adelantando que también lo va a denunciar disciplinariamente ante la Procuraduría.

El representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, se pronunció en el mismo sentido:

“¿El Alcalde @FicoGutierrez haciendo política? No se puede. Los funcionarios públicos no participan en campañas ni promueven listas. La ley se respeta”, manifestó en su cuenta de X.  

Respecto del Metro de Medellín, Luis Bernardo Vélez criticó que las directivas no estén permitiendo que ningún Candidato se acerque a las estaciones, mientras -afirma- circulan en redes sociales claras evidencias de que Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de la República, y los candidatos al Senado y la Cámara por “Creemos”, “hayan hecho toda clase de actividades proselitistas sin que nadie los molestara”. Dice que hay un sesgo que la administración del Metro debe salir a explicar, pues considera que hay una flagrante violación al principio de equidad.

“Ojalá que las autoridades actúen rápidamente porque Medellín es la ciudad donde más actos vergonzosos están ocurriendo. Es un descaro con la Ciudad y con el resto de candidatos”, dice Luis Bernardo Vélez.

Las presuntas actuaciones de los funcionarios y servidores públicos deben regirse por el fundamento constitucional de la neutralidad y moralidad administrativa, lo cual está establecido en los principios rectores que se encuentran en el artículo 127 (prohíbición a los servidores públicos de participar en actividades de partidos y movimientos políticos, intervenir en controversias políticas o favorecer campañas), en el artículo artículo 209 (la función administrativa se rige por los principios de imparcialidad, moralidad, igualdad y eficacia) y en el artículo 40 (que garantiza derechos políticos a los ciudadanos, pero con restricciones especiales para quienes ejercen función pública).

La Corte Constitucional ha reiterado que los funcionarios no pierden su ciudadanía, pero sí limitan su libertad política activa mientras ejerzan el cargo. En ello se fundamentan las molestias de Luis Bernardo Vélez, Patricio Gaviria, David Suárez y Alejandro Ocampo.

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