Después de las elecciones presidenciales, el progresismo colombiano quedó atrapado entre dos explicaciones. Para unos, la derrota fue consecuencia de los errores propios. Para otros, pesaron más la presión de los adversarios, la manipulación de la opinión pública y las posibles interferencias externas. Las dos lecturas tienen algo de razón. El problema aparece cuando cualquiera de ellas pretende explicarlo todo.
la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa de la Fiscalía opera con presupuesto cero y apenas 18 funcionarios temporales para todo el país.
Sin una infraestructura real ni presupuesto autónomo, el ambicioso plan de paz y sometimiento de bandas criminales corre el riesgo de quedar en letra muerta o de ser captado por economías ilegales. Por lo anterior propongo una solución clave: financiar este sistema directamente con los bienes extinguidos a las mafias.