La bancada parlamentaria del Centro Democrático compartió el diagnóstico sobre la situación de la
economía que ha presentado el Gobierno nacional e hizo sus propuestas.
IVA: Se percibe mucha resistencia al aumento del IVA que se considera inconveniente. Hay varias preocupaciones sobre artículos de la canasta familiar, el sector agropecuario, su maquinaria, fertilizantes, agroquímicos, compraventa de animales vivos, etc.
Crece la preocupación de las 500.000 familias cafeteras por el anunciado gravamen al grano.
El internet se ha vuelto un servicio esencial. El proyecto del Gobierno propone gravar con IVA este servicio para los estratos 1, 2 y 3 que bastante lo necesitan sobre todo para estudiar y trabajar a distancia.
Los colombianos apenas empiezan a beneficiarse de las plataformas de Inteligencia Artificial cuyo acceso tendría mucha restricción con el IVA propuesto del 19%.
Debe estudiarse la conveniencia o inconveniencia de gravar los paneles solares que con la probabilidad de El Niño se necesita masificar su uso.
El sector turístico teme una baja de visitantes extranjeros por la imposición del IVA a estos servicios que hoy no se pagan.
La salud merece un tratamiento especial. La crisis del sistema heredada del gobierno anterior obligó a un mayor gasto de bolsillo de los ciudadanos que pasó del 15% al 26%. También duplicó el número de seguros privados, que pasaron de 2 a 4 millones de pólizas. Se estima altamente inconveniente subir el IVA a estos seguros que está en el 5%.
Cualquier aumento de las cotizaciones de salud debería ser solamente a cargo de los empleadores siempre y cuando tengan un alivio del conjunto de los otros impuestos. También preocupa el aumento en tres puntos de la cotización a cargo de los independientes.
Las Cajas de Compensación deben asumir un mayor compromiso con la salud que muchas abandonaron.
Congresistas del Partido han presentado proyectos de ley para subir el IVA en algunos ítems como vapeadores, que también quedarán con impuesto al consumo como cigarrillos, tabaco y derivados; y, vehículos eléctricos e híbridos. Debe revisarse con los gobernadores el total de impuestos sobre los licores que de acuerdo con la propuesta oficial quedarían con un 80% más de lo actual. Preocupa también el incremento de gravámenes a la cerveza en un 160%.
Ambas rentas, licores y cerveza, son departamentales que correrían el riesgo de una
disminución en su recaudo. En el Chocó el impuesto a los licores representa el 81% de los ingresos departamentales.
Varios gobernadores han expresado su preocupación por el aumento de gravámenes a los juegos de suerte y azar y a las plataformas, lo cual podría derivar en más informalidad y en disminución de ingresos.
Preocupa la afectación a las tiendas con un nuevo gravamen a las bebidas endulzadas con edulcorantes que se suma al ya derramado sobre las azucaradas y los alimentos procesados. Estos gravámenes han causado hasta ahora caídas entre el 25% y el 31% en ventas y el 47% en márgenes. De acuerdo con Fenaltiendas quedan 450 mil tiendas de barrio que venden 48 billones de pesos al año: 25.8 billones en cerveza y 22 billones en bebidas no alcohólicas. Si se aprueba la Reforma estas cifras se reducirían a 13 billones en cerveza y a 11 billones en bebidas no alcohólicas. Adicionalmente, el 94% de las tiendas está en estratos 1 a 3 y el 50% es administrada por mujeres de la base popular de la Patria.
De acuerdo con un estudio de Fenalco 48.000 tiendas han cerrado y un porcentaje del 29.3% manifiesta que quiere cerrar.
También parlamentarios nuestros han presentado proyectos para cobrar IVA a los paquetes de compras digitales inferiores a 200 dólares. Además, sugieren cobrar arancel a aquellos con origen en países con los cuales no hay acuerdos de comercio.
En cuanto a la devolución del IVA se solicita mantenerla en favor de los más pobres, como lo hizo el Gobierno Duque durante la pandemia, con el concepto de cantidad presuntiva porque la propuesta de factura electrónica es difícil de aplicar en el nivel económico de estos compatriotas.
Las zonas carboníferas de Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes, Antioquia, Cesar y La Guajira se quejan por la propuesta de aumento de impuesto al carbono. Esto afecta el transporte y se convierte en otro estímulo recesivo e inflacionario.
RENTA: Hay dudas de que la reducción de la tarifa de renta a las empresas sea efectiva porque se neutralizan con el incremento de las cargas parafiscales. La tarifa a personas naturales sigue siendo muy alta, marginal máxima de 39%.
Esto se hace más gravoso al reducir los beneficios tributarios que hoy tienen estos contribuyentes al bajar el número de UVTs de 1.090 a 720. Entre los beneficios reducidos está la deducción por personas dependientes. En la práctica desconoce los intereses por crédito de vivienda, que no cabrían en el máximo de 720 UVTs.
La ampliación de la base para pagar Renta, aunque tiene una tarifa del 9%, debería fijarse con la revisión de los actuales umbrales.
Los beneficiarios o receptores de intereses o de productos financieros pierden mucho porque el porcentaje correspondiente a la inflación, corrección monetaria, se vuelve gravable. Esto es otro impuesto disfrazado al patrimonio.
El cobro de cartera por parte de la DIAN y la UGPP necesita un atractivo superior a la disminución de intereses y sanciones. Debería darse por una vez un descuento de capital y si los deudores sin razón no se acogen, no podrían ser beneficiarios de alivios futuros. Cálculos de nuestros compañeros al examinar la cartera actual, restar intereses y sanciones y castigar el capital solamente con un porcentaje podría lograr un incremento adicional de entre 10 y 15 billones.
Las entidades territoriales, distritos, departamentos, municipios y las Corporaciones Autónomas Regionales, deberían tener autorización en esta ley para adoptar los mismos mecanismos de recuperación de cartera.
El propósito de austeridad del Gobierno es claro pero se estima pequeña e insuficiente la cuantía a obtener por ese concepto, que parecería no exceder el 30% del total esperado por el proyecto de ley. Se destaca el ánimo de eliminar y reducir gastos de funcionamiento. Adicional a ello se pide una meta ambiciosa en eliminación y fusión de entidades. Son más de 200, muchas de las cuales duplican funciones o son totalmente innecesarias. El proceso con las FARC multiplicó innecesariamente las entidades del Ministerio de Agricultura o de aquellas con funciones relacionadas. Si se necesitara Reforma Constitucional para ahorrar, eliminar o fusionar, se sugiere avanzar previamente en procesos que marchiten algunas entidades y aclaren las funciones de otras.
Es muy importante que las facultades para la Reforma del Estado sean abiertas, esto es, no excluyan entidades. Pero, conviene que la ley tenga un porcentaje de ahorro mínimo.
La ley debe garantizar la estabilidad laboral de personas cabeza de familia pobres, discapacitadas y aquellas con expectativas próximas a jubilarse.
ECOPETROL: Debe considerarse la venta de otro porcentaje del Estado en Ecopetrol. Es necesario preferir al sector solidario y a los inversionistas institucionales. ISA está relacionado con Ecopetrol.
Considerar también el oleoducto de propiedad de la empresa.
La administración estatal en Ecopetrol que se ha dado a pesar de ser empresa mixta no es garantía para la nación. En los últimos años se convirtió en desgreño, corrupción, menor producción, disminución de valor de la empresa y del pago de dividendos al gobierno.
El pueblo colombiano necesita que Ecopetrol tenga una garantía de manejo de excelencia, cualquiera sea el gobierno nacional que corresponda. Sin importar el porcentaje del Estado o del sector privado, la designación de la autoridad de Ecopetrol se debe excluir de la competencia del Presidente de la República.
Los compañeros han propuesto que la garantía de estabilidad para promover inversiones de capital privado debe disminuir exigencias de cuantía. Además debe asegurar que no haya incremento de tarifas ni afectación de base gravable.
Una alternativa importante consiste en aumentar y mejorar el Régimen Simple de tributación.
Nuestros compañeros de las zonas afectadas por el terremoto han pedido un fondo, por fuera de las cuentas nacionales, para otorgar créditos a 30 años a los propietarios afectados que tengan capacidad de recuperar sus bienes con ese crédito, sin perjuicio de recibir las ayudas del Gobierno.
Además, también sugieren unas tarifas diferenciales más favorables para la recuperación del empleo en esas zonas.
RUPTURA: En el Centro Democrático pedimos respetuosamente al Gobierno y a demás bancadas considerar una alternativa disruptiva que simplifique la tributación, aumente la inversión privada notablemente y financie el gasto social.
