En Sentencia del 15 de abril de 2026, la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López y, en consecuencia, ratificó su permanencia en el Congreso de la República. La Sala concluyó que no se configuraron las causales de tráfico de influencias ni violación del régimen de incompatibilidades invocadas por los demandantes, en relación con el evento realizado el 21 de junio de 2026 en la Plazoleta La Alpujarra de Medellín, conocido como “El Tarimazo”.
El Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó que no existió prueba de que la Senadora hubiera invocado su investidura para influir en decisiones administrativas, ni que hubiera obtenido beneficios indebidos. Por el contrario, estableció que sus actuaciones se dieron en el marco de su designación como delegada del Gobierno nacional en el proceso de paz urbana para Medellín y el Valle de Aburrá.
Asimismo, el Fallo reconoce que su participación en el Espacio de Conversación Sociojurídico para la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá responde a una delegación legítima del Presidente de la República, orientada a avanzar en la construcción de paz, conforme al mandato constitucional que establece la paz como un derecho y un deber.
Esta decisión coincide con el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación en febrero del presente año, que también solicitó negar la pérdida de investidura al no encontrar elementos que configuraran las causales alegadas.
La senadora Isabel Zuleta ha reiterado que su único interés ha sido contribuir a la construcción de paz, una causa que ha defendido históricamente desde la sociedad civil y que hoy continúa impulsando desde el Congreso de la República.
Este fallo no sólo reafirma su legitimidad como Senadora, sino que envía el mensaje que trabajar por la paz no es un delito y no puede ser perseguido.
La senadora Isabel Zuleta insiste en que ha actuado en el marco de la ley y de sus funciones y que lo que queda claro es que existe una persecución contra el proceso de paz urbana, impulsada por sectores de las administraciones distrital y departamental, así como por concejales y diputados del movimiento Creemos y del partido Centro Democrático.
