La reciente postura del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, frente a la presentación del libro “M-19: de la guerra a lapolítica” volvió a encender un debate que Colombia no ha terminado de resolver: ¿cómo equilibrar la memoria de las víctimas con los procesos de paz que han permitido la reincorporación de actores armados a la vida civil?
A través de su cuenta en la red social X, el Mandatario reiteró que el M-19 fue un grupo responsable de graves crímenes, entre ellos el Holocausto del Palacio de Justicia, y aseguró que él está del lado de las víctimas y no de los victimarios. Sus declaraciones se dieron en medio de la controversia por la cancelación y posterior realización -aunque con múltiples dificulatades logísticas— del evento académico de presentación del libro sobre el M-19, en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
La afirmación del Alcalde tiene sustento en hechos históricos ampliamente documentados. Sin embargo, la discusión no se agota allí, como lo pretende mostrar Gutiérrez: el caso del M-19 representa también uno de los hitos más relevantes de la transición política en Colombia: su desmovilización en 1989 fue clave en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, proceso que dio origen a la actual Constitución Política de Colombia de 1991, y redefinió el modelo de Estado bajo el principio de la paz como derecho y deber. En su artículo 22, absolutamente vigente, dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Este precedente histórico, político y jurídico fue el inicio de los procesos de negociación que a lo largo de las últimas décadas ha promovido el Estado colombiano con distintos grupos armados como el EPL, el Quintín Lame, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista, las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC. Cada uno de estos procesos ha estado rodeado de tensiones entre justicia, verdad y reconciliación, pero todos han respondido a una misma lógica: la imposibilidad de resolver de manera definitiva el conflicto únicamente por la vía militar.
En ese sentido, el debate suscitado por las declaraciones de Federico Gutiérrez se ubica en una tensión estructural del Estado colombiano: mientras un sector enfatiza la necesidad de preservar la memoria histórica, desde una perspectiva sancionatoria, otro sector defiende la legitimidad de la justicia transicional como herramienta para cerrar ciclos de violencia.
Pero el Alcalde, sus simptatizantes y quienes lo han criticado por su postura “sancionatoria” deben tener en claro que lo ocurrido en Medellín no es un fenómeno aislado. En distintos lugares del mundo, las sociedades que han atravesado conflictos armados han enfrentado dilemas similares.
En Sudáfrica, tras el fin del Apartheid, se optó por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que priorizó el esclarecimiento de los hechos sobre la imposición de castigos severos, en un intento por evitar una espiral de retaliaciones.
En Irlanda del Norte, el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 permitió la participación política de antiguos combatientes del IRA, sentando las bases para una paz relativamente estable, tras décadas de violencia sectaria.
Más recientemente, procesos como el de Colombia con las FARC han sido observados a nivel internacional como ejemplos de justicia transicional que buscan equilibrar sanción y reintegración, en medio de profundas resistencias sociales y políticas.
Estos casos evidencian un patrón común: los procesos de paz rara vez son lineales o plenamente satisfactorios para todos los sectores. Suelen implicar concesiones difíciles o “tragada de sapos”, como se ha dicho popularmente en el contexto de las contradicciones sobre las negociaciones de paz en Colombia, especialmente en torno al reclamo de las víctimas de justicia plena frente a crímenes atroces.
Y lo que también deben tener en claro, objetivamente, el Alcalde, sus simptatizantes y quienes lo han criticado por su postura “sancionatoria, es el costo de la violencia y lo que significa, consecuentemente, apostarle a la paz.
Diversos organismos internacionales han documentado los efectos devastadores de los conflictos armados. Más allá de las cifras de víctimas fatales, la violencia prolongada erosiona el tejido social, debilita las instituciones y perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.
Frente a ese panorama, la negociación política ha sido una alternativa recurrente, no como una negación de los crímenes cometidos, sino como una estrategia para evitar su repetición. La evidencia comparada sugiere que los conflictos internos rara vez terminan con victorias militares absolutas, y que los acuerdos negociados, aunque imperfectos, ofrecen mayores posibilidades de estabilidad a largo plazo.
La postura de Federico Gutiérrez -no sólo en torno a la prohibición de la presentación de un libro sobre un grupo guerrillero cuya desmovilización permitió que uno de sus hombres fuera posteriormente Senador de la República, Alcalde de Bogotá y Presidente de Colombia, sino al desconocimiento histórico, político y jurídico de su desmovilización y reinserción a la vida institucional del País- pone en evidencia la tensión entre memoria y transición política: las declaraciones del Alcalde de Medellín reafirman una postura que pone el acento en la condena moral de los actores armados, mientras que otros sectores insisten en la necesidad de reconocer los procesos de reincorporación como parte integral del Estado de Derecho.
El debate, lejos de cerrarse, plantea preguntas de fondo sobre el tipo de sociedad que se quiere construir: ¿Una sociedad centrada, exclusivamente, en la sanción del pasado o una que, sin desconocerlo, permita la transformación de quienes participaron en la guerra, cambiando las armas y la violencia por el debate público y democrático?
En ese delicado equilibrio es que se mueve, aún hoy, la búsqueda de la paz en Colombia y en el mundo.
