Por: Jaime A. Fajardo Landaeta

Fue una buena idea, acordada por las partes en la negociación, que hubiese un manejo confidencial de los diálogos de La Habana. Pero su encanto inicial se esfumó, para derivar en un asunto que genera expectativas muy serias en la opinión pública, y que ha puesto a la delegación del Gobierno nacional a la defensiva frente a las constantes declaraciones públicas de las Farc, que en nada benefician el proceso.

Hoy esa estrategia no es la más positiva para mantener la credibilidad en la negociación y en los posibles acuerdos a que se pueda llegar. Las partes deben analizar cómo y qué comunicar en relación con los alcances de sus acuerdos.

Porque la realidad es que mientras el gobierno cumple el compromiso de no divulgar tales resultados, los delegados de las Farc se la pasan concediendo ruedas de prensa que no cosechan apoyos en la comunidad internacional y por ende de la sociedad colombiana. Corresponde al presidente Santos revisar esta situación, y en la mesa de conversaciones acordar los cambios pertinentes.

En la situación actual ganan terreno los opositores al proceso, porque tergiversan los contenidos de los posibles acuerdos y logran que la expectativa ciudadana se ponga en contra de las conversaciones. Mantener la confidencialidad está llevando a que crezca la percepción popular de que de La Habana no va a salir nada benéfico para Colombia.

Es por esa razón que prácticas triviales como descansar y divertirse en la playa, o pasear en yate, cumplidas por los delegados de las Farc, se convierten en tema de debate nacional. Situaciones que aprovecha el enemigo número uno de la paz en Colombia, Álvaro Uribe Vélez. La pregunta obvia es: ¿qué extranjero en esa isla no dedica un tiempo a disfrutar de sus playas, o se priva de un paseo por alta mar?

Divulgar los avances de las conversaciones en nada afectaría la continuidad de la discusión de los otros temas de la agenda; por el contrario, pondría a la sociedad a opinar sobre sus alcances e implicaciones. Además, serviría para reafirmar lo que el Gobierno siempre ha advertido: que en la negociación no se toca el Estado de Derecho, no se conceden indultos ni amnistías, no se discute el modelo económico o los principios de nuestra Carta Fundamental y otros tópicos, como tercamente lo pregona la extrema derecha.

Ese conocimiento de los acuerdos también podría dar pie al impulso de una masiva campaña en todos los estamentos sociales, medios de comunicación e instituciones en sus diversos niveles, y a propiciar la movilización ciudadana; estas dinámicas con seguridad impactarían positivamente el próximo debate electoral, a tiempo que crecerían las expectativas favorables al proceso de negociación entre el Gobierno nacional y las guerrillas en general.