Por: Jaime Alberto Carrión
En buena hora hace su aparición el proyecto de ley del politólogo. Quienes defendemos la agremiación de las y los profesionales de la ciencia política, llevamos muchos años soñando con una solución normativa que regule nuestro desempeño profesional, tanto en el sector público como en el privado, e impida la usurpación de funciones y espacios laborales por parte de otras disciplinas sociales y humanas.
Comprenderán ustedes que no puedo dejar de expresar mi posición personal acerca de esta iniciativa legislativa. La respaldo y más allá de los comentarios a favor o en contra que ella estimula, considero que debemos articularnos rápidamente con sus gestores para mejorarla y garantizar el avance del trámite del proyecto de ley y su feliz término dentro del Congreso de la República.
No hay que perder de vista que la iniciativa puede verse afectada por no tratarse de un asunto propiamente de interés general, así como por la crisis del trámite legislativo que suele experimentarse en el Congreso de la República, durante los últimos meses del segundo semestre del año.
Tal vez lo más representativo y positivo del proyecto sea la definición acerca del quehacer politológico en el sector público y privado. De esta forma, la iniciativa se convierte en un pretexto de conversación y debate de las distintas comunidades académicas de la disciplina para pensar el sentido de sus programas de formación y la vocación de sus profesionales.
En este mismo nivel no puede dejar de mencionarse que el proyecto contempla una motivación a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que se creen cargos en el empleo público de carrera que demanden específicamente los servicios de un profesional de la ciencia política, lo cual, sin duda, conllevará un posicionamiento importante de la disciplina en la vida pública del país.
Preocupa, claro está, la aparición de la Tarjeta Profesional para el politólogo. En lo personal no termino de entender como este instrumento puede ayudarnos a conseguir un mayor posicionamiento social, político y económico de nuestra disciplina. Considero que basta el título profesional por parte de una Universidad acreditada ante el Estado colombiano, para garantizar que el profesional de la ciencia política se encuentra en condiciones idóneas para la prestación de los servicios que de él se requieren.
También la Tarjeta Profesional resulta cuestionable por otros motivos. Cómo entender su sentido, por ejemplo, cuando en nuestro país se viene realizando importantes esfuerzos por erradicar las barreras que pueden presentarse a los profesionales jóvenes para acceder a su primer empleo. A todas luces, el costo elevado de una Tarjeta Profesional podría convertirse en un requisito difícil de sortear para muchos colegas que apena acceden al mercado laboral.
¿Y qué decir del proceso disciplinario? También este aspecto resulta preocupante. En el proyecto pareciera que las actividades propias del profesional de la ciencia política se confundieran con las del médico, el abogado, el contador, entre otros. Todos ellos profesionales que intervienen directamente en la persona y la vida de sus clientes, lo cual no ocurre tan claramente con el politólogo, cuyas funciones impactan más decisivamente sobre la sociedad y parece que son las normas generales las que deben contribuir con su regulación disciplinaria.
Pese a ello, el proyecto de ley del politólogo aparece en un buen momento. Este año de parte del Gobierno Nacional y del Congreso de la República, así como de algunas entidades territoriales se han evidenciado empresas importantes de modernización del sector público. Es el momento para que se de apertura a cargos al interior de las entidades públicas destinados a ser ocupados por politólogas y politólogos.
No queda más que invitar a las y los colegas, a las agremiaciones y a las comunidades académicas, a participar activamente en la discusión y mejoramiento de este proyecto de ley, trámite que apenas inicia, pero cuyos frutos serán de gran impacto en nuestro proyecto de vida.
