Por: Gabriel Zapata Correa
Después de permanecer por varios períodos en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos del Senado, recientemente me trasladé a la comisión relacionada con los asuntos sociales del país, al considerar que en el seno de la Comisión Séptima, se tramitan los temas más trascendentales y sensibles para el bienestar de los colombianos, de los cuales quiero hacer parte.
Dentro de los múltiples proyectos que se debaten en la comisión, la mayoría por demás coyunturales y polémicos, se encuentra el proyecto de Ley 241 de 2012, por el cual se dictan mecanismos de protección al cesante y otras disposiciones o comúnmente conocido como “seguro de desempleo”. Este proyecto que si bien fue ampliamente estructurado, ha sido quizás uno de los más controvertidos de los últimos tiempos y con mucha razón entre los colombianos.
Si bien me encomendaron la misión, dentro de la comisión, de coordinar este proyecto, nuestra posición frente al tema no puede ser otra distinta a la de acompañar el sentimiento ciudadano, pues así el espíritu de la iniciativa de origen gubernamental busque ser un mecanismo de protección al cesante, en mi concepto no se le puede trasladar al desempleado la responsabilidad y el soporte de dicho seguro, vía retención de un dinero que ya se ha ganado y al que tiene derecho para suplir sus necesidades inmediatas. Como lo vienen expresando voces ciudadanas, este mecanismo podría agravar mucho más las condiciones económicas de las familias, frenando sus posibilidades de pagar los estudios de sus hijos, dejando sin posibilidad el pago de tratamientos médicos, cavando quizás el sueño de reformar la casa y lo que es peor poniendo en riesgo la cancelación de los créditos de vivienda.
Son muchos los sectores que se han sumado a las voces que piden que esta iniciativa no se apruebe, recientemente la Asociación Nacional de Industriales, Andi, fue categórica en rechazar el proyecto por considerarlo inconveniente no sólo para la economía doméstica, sino por los efectos que se podrían desencadenar sobre el comercio, la producción y la industria. Una menor demanda por parte de las familias y de los consumidores de cualquier bien o servicio, traería irremediablemente como consecuencia disminución en las ventas de productos y servicios de las empresas, generando por el contrario más desempleo, es decir, produciéndose justamente un efecto contrario al esperado.
Aunque este es proyecto presentado por el Ministerio de Trabajo, desde el gobierno también se han escuchado voces en contra de la iniciativa como la del Ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, quien en forma contundente señaló al interior de la Comisión Séptima: “Es un despropósito que al 50% de las cesantías de los colombianos se les imponga una restricción como lo prevé la iniciativa” y argumentó que no puede haber restricción a las familias para disponer de unos recursos que son propios en la posibilidad de adquirir una vivienda.
De la última mesa de trabajo realizada en la Comisión 7ª con diferentes sectores para escuchar sus opiniones, se puede concluir que no existe ambiente y no hay una posición clara del gobierno sobre este polémico proyecto. Respecto al tema las organizaciones de trabajadores afirman que una cosa es proteger al cesante y otra muy diferente es pretender resolver el problema estructural del desempleo, tema que comparto plenamente, pues es el Estado el llamado a combatir los niveles de desocupación, vía políticas eficaces y concluyentes.
