La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia -Sintraemsdes, Subdirectiva de Medellín- rechaza y se opone a la propuesta de intervención de EPM que han venido liderando sectores políticos y empresariales, por considerarla un ataque a su autonomía y opuesta a los intereses públicos.
“Es entregarle al GEA la joya de la corona, es renunciar a nuestro control sobre este patrimonio público y es una salida absurda que encarna un ataque político a la administración municipal por parte de quienes durante años han llevado a EPM a situaciones de crisis; es la clara conducta de los que han usufrutuado, exprimido y ampliado su riqueza a costillas de las administraciones públicas, lamentablemente con la complacencia de las anteriores autoridades de la Ciudad durante los últimos períodos…”, expresan las directivas sindicales en reciente comunicado.
Las directivas de Sintraemsdes explican que desde hace más de 15 años se desarrolla una estrategia con los diferentes alcaldes de Medellín que ha involucrado al Grupo Económico Antioqueño -GEA-, que ha financiado sus campañas electorales, para incidir en las políticas al interior de las empresas estatales. En ese contexto, según Sintraemsdes, fue que en la alcaldía de Sergio Fajardo se implementó el “Código de Buen Gobierno” y les dieron asiento en la Junta Directiva de EPM a representantes del GEA.
“Es una forma sutil y ‘legal’ de control del capital oficial del Estado por parte de los privados; política corporativa que, consideramos, es necesario revisar y trasformar porque propicia la corrupción en las entidades públicas, de tal manera que se garantice la trasparencia de los bienes públicos”, precisa el comunicado.
Por eso, la Subdirectiva de Medellín del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos insiste en que la solicitud de los exintegrantes de la Junta Directiva de EPM de intervención de la Empresa no deja de ser la propuesta del GEA “la cual sólo busca que los responsables ‘no paguen’ por los errores cometidos en el descalabro de Hidroituango”.
Agrega que poner en riesgo a EPM es una forma de ataque político, mediante actuaciones que guardan identidad y propósitos en sus posturas políticas con otros sectores como las recientes veedurías creadas en medio de la crisis y el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE -SINPRO-, con un mismo factor común: “sus posiciones políticas son contrarias al interés público, a los usuarios, al patrimonio público y en favor de los privados”, sentencia Sintraemsdes.
En concordancia con este concepto de patrimonio público, las directivas del Sindicato de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia levantan la bandera de defensa de UNE EPM Telecomunicaciones, ratificando que no está en venta y, al contrario, propone que la Entidad vuelva a manos de EPM totalmente, por ser patrimonio estratégico, soberano para el País y, por tales razones, debe estar en manos del Estado.
