Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Durante muchos años se dió en el medio judicial colombiano lo que conocimos como el “yo te elijo, tú me eliges”, que valió para que muchos magistrados pasaran de una corte a otra, sin, aparentemente, ningún problema. Esta práctica quedó proscrita con la reciente reforma al equilibrio de poderes, que como es de público conocimiento fue demandada por el Fiscal General.
Para un número considerable de abogados llegar a una magistratura de una de las cortes en Colombia era el mejor reconocimiento a una larga y exitosa carrera profesional y también un gran honor. Creo que con lo que pasa en la Rama Jurisdiccional a nivel de las cortes con su merecido desprestigio, se ha reducido el número de abogados que quieran ser magistrados. Al menos de los que quieren llegar a prestar un buen servicio a la administración de justicia.
Hoy, muchos descreemos de las cortes: por la falta de idoneidad de sus integrantes, por la corrupción imperante, por las mismas prácticas de los políticos, por el pago de favores, entre otros vicios que cada vez más las aquejan. Pero lo que no se puede desconocer es que haber estado en una corte es un gran negocio.
Soy un absoluto convencido que el titular de una profesión tan liberal como lo es la abogacía le puede sacar el mayor provecho económico posible, pero que entre ex magistrados, con la coadyuvancia de funcionarios públicos del más alto nivel se propicien estas nefastas prácticas y con dineros públicos, si es un verdadero despropósito en el que incurren ambas partes.
Ya es sabido que en la Corte Constitucional los magistrados auxiliares son los hijos de quienes fueron titulares (como es el caso de los hijos de los ex magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo), magistrados auxiliares que aspiran a ser magistrados titulares y así sucesivamente en un círculo interminable, como si esto fuera un negocio de familia, que lastimosamente lo es.
Con la reforma al equilibrio de poderes se introdujo una inhabilidad de cinco años para quien haya sido magistrado de una corte no pueda litigar ante ella. Me parece una buena restricción, que desafortunadamente va a quedar en letra muerta, porque van a litigar en cuerpo ajeno y los magistrados de esas cortes sabrán quiénes son las interpuestos abogados que actuarán ante esa corte, y quienes están “inhabilitados” seguirán haciendo lobby y seguirán traficando con influencias y seguirán cohechando. Los que crean que con la judicialización de Jorge Pretelt Chaljub (de la Constitucional) y muy pronto con la Rodrigo Escobar Gil, ex magistrado de esta misma corte, a quien le imputarán delitos de Tráfico de influencias y Cohecho por dar u ofrecer, el problema está resuelto, se quedarán con los crespos hechos y se pasan de inocentes, campea la impunidad, seguirán haciendo de las suyas y todo seguirá igual.
A comienzos de la semana pasada nos dimos cuenta que ex magistrados del Consejo de Estado, entre otros, quienes presuntamente habían votado porque el período del actual fiscal fuera de 4 años, pues recordarán que esa misma corporación tumbó la elección de Viviane Morales y se dió la discusión de si el recién elegido fiscal debía terminar el período de Morales o el suyo comenzaba de cero y por lo tanto debía ser de cuatro años. Se impuso esta última tesis, lo que no despertaría ninguna suspicacia si no fuera porque varios de esos magistrados, hoy ex magistrados, que defendieron la tesis del favorecido, ahora lo sean con millonarios contratos por parte del destinatario de esa decisión. Figuran Rafael Ostau de Lafont (1880 millones), Bertha Lucía Ramírez (345 millones), Alfonso Vargas Rincón (517 millones), Enrique Gil Botero (751 millones), Alfredo Beltrán Sierra (551 millones) Manuel José Cepeda Espinosa (1380 millones), los cuatro primeros ex consejeros de estado, los dos últimos ex magistrados de la Corte Constitucional. Al mejor estilo de los políticos, que quienes ponen plata y/o votos para sacar adelante sus candidaturas y ganar la elección, se hacen acreedores de las prebendas burocráticas, como contratos o puestos públicos.
También se sabe que ex magistrados de la Corte Constitucional son ahora asesores del gobierno nacional en distintas materias, como por ejemplo, en la defensa del Estado en las demandas que ha interpuesto Nicaragua contra Colombia para ganar espacios marítimos. Acá vuelve a repetir Cepeda Espinosa.
No censuro que en el sector privado los ex magistrados dedicados a este negocio, porque no son todos, o litigando, saquen el máximo provecho, allí las cosas funcionan distinto y sobre todo, no hay de por medio dineros públicos.
Como pueden ver ser ex magistrado de una corte es un gran negocio, no sólo por los millonarios contratos que reciben en el sector público, sino porque se sigue manejando a su antojo quiénes siguen ocupando los cargos en la magistratura, esto sin contar con las gabelas que les da su condición de ex para ejercer sus “buenos oficios” ante las cortes a las que pertenecieron, “buenos oficios” que son bien recibidos por muchos complacientes administradores de justicia.
Francamente, son muy pocos los que llegan a estas dignidades porque es el máximo reconocimiento de una brillante carrera profesional y a prestarle un buen servicio a la administración de justicia.
