El senador de la República, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, le planteó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, su preocupación por la invasión de tierras en diferentes regiones del País y la lentitud de las fuerzas del Estado para actuar conforme con la Constitución y las leyes y devolverles esas tierras a sus dueños legítimos.
“En mi calidad de vocero del Partido Conservador dejé constancia en la plenaria del Senado, la exigencia al Gobierno y a las autoridades competentes para que frente a los territorios que han sido invadidos de manera ilegal, se haga uso de los artículos de la ley en los que se consagran los derechos y las garantías constitucionales de los ciudadanos y el respeto por la propiedad privada”, expresó el Senador antioqueño.
Nicolás Albeiro Echeverry le dijo al Ministro de Defensa que el Estado debe garantizar la tranquilidad, la seguridad y la paz integral de todos los ciudadanos colombianos, que se ven afectados por acciones que atentan contra la seguridad y la convivencia a través de actos arbitrarios como la invasión de sus propiedades.
Las ocupaciones ilegales de tierras se han multiplicado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro y son protagonizadas por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en cerca de 18 de los 32 departamentos de Colombia.
El senador Echeverry le ha pedido al actual Gobierno consecuencia con su propósito de “Paz Total”, enfrentando de manera contundente la violencia que representan las ocupaciones ilegales de tierras, las cuales vienen atentando contra la vida, la integridad física y los bienes de muchas personas naturales y jurídicas.
Nicolás Albeiro Echeverry le recordó al Gobierno, a través de su ministro Iván Velásquez, quien fue citado a la Comisión Segunda del Senado, que un fin esencial constitucional del Estado “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Porque “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
