Ya sea por incapacidad o por negligencia, el gobierno nacional está perdiendo la lucha contra la corrupción. Esa percepción fue decisiva en los resultados de la última encuesta de opinión conocida la pasada semana que castigó la favorabilidad del Presidente como no había ocurrido antes. En buena hora. El teflón presidencial no podía aguantar tanto. Después de todo lo dicho y denunciado por la malversación de recursos públicos con el programa Agro Ingreso Seguro, el Presidente y sus Ministros siguen empeñados en negar la podredumbre destapada. No hay propósito de enmienda ni contrición de corazón. Solo soberbia y solidaridad de cuerpo entre los usufructuadores del poder, dispuestos a conservar como sea su botín.
La revista Cambio encontró que en colombia la corrupción en materia de contratación pública duplicaría el costo anual de la seguridad democrática -dos billones de pesos, en promedio, según el PNUD-. Con la misma suma podrían entregarse 152.113 subsidios de vivienda a personas urgidas a razón de un poco más de 11,5 millones de pesos cada uno. El escándalo de la contratación irregular del INCO –adscrito al Ministerio de Obras Públicas- fue rápidamente desplazado por el originado en otro Ministerio, el de Agricultura, mediante el AIS. Meses atrás los sobresaltos corrieron por cuenta de una entidad adscrita directamente a la Presidencia de la República, el DAS, donde algunos funcionarios se dedicaron a conseguir información fraudulentamente para venderla al mejor postor o para uso por parte del Gobierno. Otro Ministerio, el de Defensa, fue sorprendido por la contundencia de las investigaciones de la Fiscalía en contra de militares sindicados, desde distintos sectores de la sociedad, por la tragedia de los mal llamados falsos positivos. Quedó en evidencia que la primera reelección se compró con notarías y prebendas, pero en la cárcel tan sólo están los que recibieron la paga y no los que la ofrecieron. Con razón Iguarán, el Fiscal General saliente, sentenció en su despedida que la corrupción en Colombia era más grave que el terrorismo y el narcotráfico.
Los altos funcionarios se resisten a admitir su responsabilidad. Lo mismo su nominador – el Presidente- y los partidos políticos que representan. El comportamiento del Partido Conservador frente a Alirio Villamizar, su Vicepresidente, detenido por detestables exigencias de dineros a quienes ayudaba a colocar, es elocuente: ni un solo pronunciamiento demostrando pena ante los colombianos por las actitudes de uno de sus más destacados dirigentes. La responsabilidad política es una figura extraña para nuestra clase política. Luís Carlos Galán la había definido como “la obligación que tiene todo actor político de responder por las acciones u omisiones suyas en relación con el poder público ante el pueblo y los demás actores políticos”. Cuestión de simple dignidad y de respeto con los electores y los contribuyentes.
Acá muy pocos renuncian para facilitar las investigaciones de los organismos de control respecto a sindicaciones de corrupción. Hay que sacarlos de patas y manos, porque se aferran al poder como una tabla de salvación. Al Presidente de la República hay que enrostrarle las órdenes de captura en su cara, para que medio alcance a reaccionar. Eso le pasó, por ejemplo, con Noguera el del DAS, con los ex gobernadores y ex diplomáticos Arana sindicado de asesinato de un alcalde y Chaux sindicado de paramilitarismo.
De las banderas izadas de la lucha contra la politiquería, el clientelismo y la corrupción, incrustadas en los famosos 100 puntos de la primera campaña de Uribe Velez, hoy solo quedan los jirones. La población permanece con los ojos entrecerrados para no ver de frente que las mayorías del gobierno se esfuerzan por correr las fronteras de la ética y la moral públicas. Mientras que esas banderas continúen arriadas, descoloridas y en andrajos, la patria nuestra seguirá inviable. Como enarbolarlas no produce votos, estamos condenados.
