Por: Margarita María Restrepo
En las guerras –y Colombia padece una guerra desatada por el terrorismo- la primera víctima siempre es la verdad. Vemos cómo desde La Habana, Gobierno y Farc se han dado a la tarea de retorcer de manera sistemática la verdad de lo que ha ocurrido en nuestra patria desde hace más de 50 años, todo en aras de brindarle una mayor legitimidad al proceso de diálogo que están llevando a cabo.
Un proceso de paz es exitoso cuando el acento lo llevan las víctimas y no los victimarios. La verdad, como víctima, debe ser reparada y enaltecida. Por eso es tan importante que, como consecuencia de todo proceso de paz, los ciudadanos sean reivindicados con el esclarecimiento de la verdad. Aquello, a la postre, terminará convirtiéndose en la base sobre la que se edifica la reconciliación.
Y eso lo tuvo perfectamente claro el Legislador cuando aprobó la ley 975 de Justicia y Paz, norma que incorporó por primera vez en la historia de nuestro país la figura de una comisión de reparación y reconciliación cuyo objeto se centraba en 5 aspectos fundamentales, empezando por ser la garante de que las víctimas pudieran participar activamente en los procesos de esclarecimiento judicial de los hechos ocurridos. Así mismo, la Comisión tenía la función de evaluar el proceso de reincorporación de los miembros de las estructuras ilegales para garantizar su plena desmovilización.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, durante su existencia legal, hizo un estupendo trabajo en materia de seguimiento y evolución de la reparación de las víctimas y de coordinación de la restitución de bienes.
De manera imprudente, el gobierno de Santos introdujo un artículo en la denominada ley de víctimas que eliminó esta Comisión que sin mucho protagonismo, pero con toda la rigurosidad y compromiso con las víctimas adelantó un trabajo sin igual a favor de las víctimas de la violencia de quienes se desmovilizaron en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
En los últimos días ha tomado fuerza el debate generado por la creación de la comisión de la verdad que surgirá omo consecuencia del acuerdo de paz al que eventualmente lleguen las Farc y el Gobierno.
Me genera mucha preocupación los alcances y los objetivos que se trace esa nueva comisión. ¿Servirá para esclarecer la verdad de los hechos cometidos por las Farc contra los ciudadanos colombianos? ¿Incorporará todas las atrocidades que esos terroristas han cometido contra los miembros de la Fuerza Pública y la sociedad civil? ¿Se conocerá el maridaje que durante más de 30 años ha sostenido la guerrilla con el tráfico de drogas?
O por el contrario, ¿esa comisión será el escenario para desatar una vindicta política contra aquellos sectores que han tenido a lo largo de la historia una posición crítica de las acciones criminales de las Farc?
Flaco servicio le prestará a la historia de nuestro país en general y a las miles de víctimas de la guerrilla en particular que la dicha comisión de la verdad sea utilizada con fines protervos para lavar los delitos que durante cinco décadas han cometido los terroristas de las Farc, invirtiendo la carga de la responsabilidad y desconociendo el daño que se le causó a la sociedad esa organización criminal.
Sugiero que para efectos de transparencia y de efectividad, la comisión que se ha de crear se inspire en la inconcebiblemente eliminada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que en su momento creó la ley 975 de Justicia y Paz.
