El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- para solicitarle medidas cautelares para la protección de su vida y de su familia y la de sus derechos políticos.
Quintero Calle se reunió con Joel Hernández García, comisionado de la CIDH y relator para Colombia; María Claudia Pulido, secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH; y Fernanda dos Anjos, coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares.
Quintero relató ante la CIDH que ha recibido amenazas desde antes de iniciar su mandato y después de que se posesionó como Alcalde de Medellín en 2020. Se refirió, especialmente, al aumento de las amenazas a través de correos y mensajes en redes sociales y, según fuentes humanas, a la construcción de planes para atentar contra su vida.
“Como todos saben, las demandas y denuncias que hemos hecho sobre Hidroituango han puesto en grave riesgo mi vida y la de mi familia. Por eso, el día de hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos puesto en evidencia estas amenazas. Lamentablemente, el Estado colombiano sigue incumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Procuraduría viene violando la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresó el Alcalde.
Señaló la gravedad de los hechos a partir del recrudecimiento de la violencia en Colombia, a pocas semanas de las elecciones legislativas. Informó que, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, en 2020 fueron asesinados 199 líderes sociales, en 2021 se reportaron 168 y en lo que va de 2022 han muerto de forma violenta 30 más, dos de ellos el pasado 22 de febrero. La misma Indepaz ha reportado 19 masacres que han dejado 82 víctimas fatales este año.
Paralelo a la solicitud de protección de su vida y la de su familia, el Alcalde de Medellín solicitó a la CIDH la protección de sus derechos políticos y de su derecho a la libertad de expresión en el proceso de revocatoria que afronta actualmente y que coincide de manera temporal con las elecciones legislativas en el País. Está convencido de que el Estado colombiano debe garantizar el equilibrio en sus decisiones en procesos administrativos o judiciales.
Sostuvo que el Estado no ha cumplido con lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que ninguna autoridad administrativa puede impedir la defensa de una autoridad elegida democráticamente, lo cual expone que tampoco se ha cumplido con la sentencia de la misma CIDH en julio de 2020 en el caso de Gustavo Petro, lo cual obliga a tomar medidas jurídicas para prevenir que se repitan violaciones a los derechos políticos.
La CIDH concluyó en el caso de Gustavo Petro, quien había sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación, “que dicha sanción constituyó una violación a sus derechos políticos en los términos del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos porque no fue impuesta por un juez competente en un proceso penal, con arreglo a las garantías judiciales contempladas en el artículo 8 del mismo instrumento”.
“La Corte precisó que la destitución de un funcionario de elección popular, en tanto representa una afectación de los derechos políticos en su dimensión individual como colectiva, tampoco puede ser ordenada por una autoridad administrativa de naturaleza disciplinaria. No hay duda entonces que existió una violación a los derechos políticos del señor Petro con la decisión de la Procuraduría”. (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – CASO PETRO URREGO VS. COLOMBIA – SENTENCIA DE 8 DE JULIO DE 2020)
