135 organizaciones, colegios, sindicatos, facultades y asociaciones del sector de la salud de Colombia, en general, le solicitaron al Congreso de la República archivar el Proyecto de Ley 010 de 2020 “Por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015”.

Carolina Corcho Mejía, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, explica que el Proyecto de Ley en cuestión no reformará, realmente, el sistema de salud, como es la pretensión del Gobierno nacional que ha solicitado su trámite con carácter de urgencia.

“Este Proyecto ha sido presentado como la gran reforma a la salud que acabará con la intermediación de las EPS. Pero eso es falso, pues, en realidad, se pasará de 48 EPS a 10 aseguradoras, lo que significa un Oligopolio”, expresó Corcho Mejía.

Agregó que la iniciativa gubernamental obligará a contribuir a quienes hacen parte del régimen subsidiado, castigará con sanciones monetarias a los pacientes que no cumplan con los tratamientos, seguirá atentando contra la dignificación de los trabajadores, pretende acabar con los regímenes especiales y, definitivamente, no es cierto que vaya a reglamentar la Ley Estatutaria de Salud.

German Reyes Forero, presidente de Asmedas, afirmó que 40 billones de pesos deben las EPS a las IPS y hasta el momento no ha habido solución a los problemas financieros de la salud y no cree que este Proyecto de Ley vaya a resolverlo.

“Las EPS siguen siendo inoperantes, no es necesaria su existencia. Se necesitan administradores del sistema que realmente funcionen, que obedezcan a la Ley Estatutaria de Salud y al Código Sustantivo del Trabajo, ya que debe terminar la tercerización laboral”, dijo Reyes Forero, quien también invitó a los congresistas a barajar nuevamente el Proyecto de Ley 010.

Mario Hernández, integrante del Pacto Nacional por la Salud y la Vida, planteó que la rentabilidad social, el bien común y el buen vivir deben hacer parte de la Ley Estatutaria de Salud, que no debe permitir que el interés financiero esté por encima.

“Se ha reproducido la inequidad en el sistema de salud, el cual lo ha clasificado según capacidad de pago en dos extremos: el pobre y el subsidio y el que no lo es y contribuye. La propuesta del Gobierno habla de la profundización del negocio del aseguramiento dándole más poder a la privatización y a la intermediación financiera”, aseguró, pidiendo al Congreso, igualmente, archivar el Proyecto y abrir el debate público. 

Agregó que el aseguramiento privado tiene tendencia a crecer el gasto al 14% o  17% del PIB, cuando puede funcionar exitosamente con el 8%.

Las comisiones Séptima de Cámara y Senado tienen mensaje de urgencia: tienen tiempo para la discusión del Proyecto hasta el 26 de diciembre, cuando termina el actual período legislativo.

Hasta ahora no hay respuesta afirmativa a la solicitud de archivo del Proyecto de Ley 010 de 2020 por parte de las 135 organizaciones que lo consideran pertinente.