El presidente de Asonal Judicial S.I., Luis Fernando Otálvaro, manifestó en un comunicado que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está haciendo política a costa de los jueces al expresar que “uno pone el pecho para coger los delincuentes, que después quedan libres como si nada”.
Otálvaro recordó que los jueces de la república están “sometidos, en sus providencias, al imperio de la ley” y que sus decisiones se fundamentan en el debido proceso y en tratados internacionales.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se sumó a las críticas hechas por el alcalde Federico Gutiérrez anunciando que propondrá un Proyecto de Ley que derogue la Ley 1786 de 2016 que modificó el Código de Procedimiento Penal y que obliga a limitar la medida de aseguramiento intramural a un año, máximo dos si la Fiscalía lo solcita, lo cual fue calificado como populismo de parte del Fiscal.
El siguiente es el texto del comunicado del Presidente de Asonal Judicial S.I:
“Nuestra organización Sindical deplora, y por lo mismo rechaza enérgicamente las declaraciones recientemente difundidas a través de distintos medios de comunicación locales y nacionales por el Señor Alcalde de Medellín, referidas al proceder de los jueces y fiscales ante los operativos que han dado como resultado la captura y posterior judicialización de personas presuntamente involucradas en la comisión de delitos de diversa índole. Según el Burgomaestre, los jueces y fiscales de la ciudad actúan a contramano de la política que en materia de seguridad propone su administración, dejando en libertad o concediendo casa por cárcel a “peligrosos delincuentes” capturados en flagrancia por la Policía Nacional.
No pierde oportunidad el mandatario antioqueño para referirse ante los medios, en términos despectivos y desobligantes, a nuestros funcionarios judiciales, sugiriendo veladamente que están cohonestando con la criminalidad, cuando por razones y con sólidos fundamentos jurídicos, se abstienen de dictar contra dichas personas medidas de aseguramiento intramural, aplicando medidas de detención domiciliaria u ordenando su liberación, con estricta sujeción a las garantías procesales propias del Debido Proceso de estirpe constitucional, cuya fuente primigenia se sitúa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entre otras normas y tratados internacionales.
Qué flaco servicio le presta a nuestra sociedad, y qué enorme daño causa a los cimientos de nuestro Estado Social de Derecho, quien prevalido de alta investidura como mandatario local o nacional, descalifica sin fundamento ni prueba alguna la tesonera labor de jueces y fiscales, cuando asumen su noble postura como garantes de los derechos fundamentales a la vida y la libertad, con plena autonomía e independencia frente a los demás poderes públicos y los medios de comunicación; pues a la sesgada visión del Alcalde Federico Gutiérrez, se suman las voces de algunos dignatarios de los órganos Ejecutivo y Legislativo, quienes se valen de la enorme influencia que sobre la mayor parte de la ciudadanía ejercen los medios de comunicación y las redes sociales, para ejercer inaceptable injerencia y presión sobre nuestros funcionarios judiciales, instándoles a mantener privada de la libertad a toda persona señalada por ellos y los medios de la comisión de delitos, en especial de alto impacto mediático.
Bien claro y contundente es el principio rector de la actividad judicial, en virtud del cual los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley, entendida ésta como el conjunto de normas que integran el Sistema Jurídico del Estado y el Bloque de Constitucionalidad; de ahí que no pueden los jueces plegarse a los reclamos u opiniones de los demás funcionarios públicos, so pretexto de atender el principio referido a la colaboración armónica entre poderes. Y no pueden éstos pretender que nuestros jueces y fiscales se dediquen a emitir providencias “a la carta”, para complacer intereses mediáticos o hacer el juego a intereses politiqueros, ajenos por completo a la filosofía inspiradora del servicio y la esencia de la función pública. Ello equivaldría, ni más ni menos, a gobernar, legislar y juzgar para un “Estado de Opinión”, afincado en las encuestas por ellos financiadas; propósito abyecto y absolutamente inaceptable en un Estado Social y Democrático de Derecho como es el instaurado por el Constituyente de 1991.
Asonal Judicial S.I. apoya y respalda irrestrictamente la labor de los jueces y fiscales de Antioquia y de todo el país, y les llama a mantener incólume su vocación inquebrantable de defensa al Sistema Jurídico nacional y los tratados en materia de derechos humanos, pilar fundamental de nuestro actual orden social, exigiendo a los demás servidores públicos un comportamiento acorde con el debido respeto y acatamiento a las decisiones judiciales, en aras de lograr para nuestro país la anhelada paz con justicia social”.
