Por: Luis Gonzalo Martínez

La protección del medio ambiente puede convertirse en una actividad que facilita la reducción del desempleo en el país. Este no es sólo un axioma. Es una realidad ya demostrada por el Municipio de Medellín que, según el DANE, pasó del segundo al quinto lugar en la lista de desempleo nacional, con una tasa  del 15 por ciento.

La explicación la da el Banco de la República en su informe del “Mercado laboral a nivel nacional y local, dilemas de corto y largo plazo”, en el cual dice que el empleo (directo e indirecto, generado por el Plan de Desarrollo de Medellín, 2008 – 2011), medido en tiempos completos anuales, sobrepasa las 27.000 plazas, de las cuales los programas a cargo del Municipio totalizan casi 16.000, y los de apoyo al sector privado en Vivienda de Interés Social, cerca de 11.000.

Por supuesto, es el resultado de una política de la Alcaldía encaminada a destinar recursos cercanos a los 644.000 millones de pesos (53.000 millones más que el pasado) para la construcción de obras de infraestructura, y 357.000 millones (239.000 más que en 2008), para la construcción de vivienda de interés social.

En el mismo sentido, el Gobierno Nacional puede comprometerse con la promoción de proyectos medioambientales que generen empleo de choque tanto en el sector urbano como rural. Y es muy factible hacerlo en el área ambiental, porque ya lo demostró el mismo Municipio de Medellín, durante el gobierno de Juan Gómez Martínez, con el “Plan Parceros”. En ese entonces, la tasa de desocupación se redujo mediante el ofrecimiento de empleo de choque a los habitantes vecinos de las cientos de microcuencas de la ciudad, quienes se convirtieron en vigías del buen estado de las quebradas.

Y no sólo hubo empleo, sino que consecuente con la protección, el cuidado y la orientación para el buen manejo de dichas microcuencas, hubo prevención de desastres en la ciudad durante los crudos inviernos. 

Mi propuesta, entonces, va dirigida a los gobiernos nacional, departamentales, distritales, municipales y a las corporaciones autónomas regionales, para que orienten sus planes y recursos a la generación de empleo de choque, a corto y largo plazo, en los barrios y veredas, mediante la formulación de programas para la protección, cuidado y educación ambiental en torno a las cuencas y microcuencas.   

La propuesta contempla el valor agregado de tener más en cuenta a la población rural, cuya inequidad ha sido evidente frente a las políticas de empleo formuladas para los colombianos de las zonas urbanas. La inmediata consecuencia positiva es que se evitará la migración del campo a la ciudad, especialmente porque no es la inseguridad el principal generador del desplazamiento, sino la búsqueda de empleo y de educación lo que mueve a los colombianos del campo a migrar a las ciudades.

Yo espero que los diferentes gobiernos entiendan la importancia social y económica de pensar en el medio ambiente como factor de desarrollo.

Estos son algunos de los efectos positivos cuantificables y demostrables:

·         Las universidades que han venido descentralizándose, fortalecerán sus programas pertinentes, democratizando eficientemente la educación media, de pregrado y posgrado

·         Las corporaciones autónomas regionales encontrarán in situ talento humano para la protección ambiental y la defensa contra las invasiones de las reservas forestales

·         Los municipios y veredas garantizarán el cuidado de las fuentes de agua para el mantenimiento y sostenimiento de sus propios acueductos

·         Las administraciones empezarán a evitar los conflictos humanos y sociales que ya se vienen presentando entre comunidades debido a la falta de agua

·         Los procesos de protección y reforestación garantizarán la riqueza ecológica y económica, generando sentido de pertenencia entre la comunidad

·         La riqueza en aguas y aire garantizarán ingresos por regalías y exportación de oxígeno

Pero lo que definitivamente ya demostró la Alcaldía de Medellín, es la certeza de la premisa de algunos expertos en economía, según la cual es necesario aumentar el gasto público en obras de infraestructura, porque ellas generan empleo. Ellas entrañan el mismo sentido de las propuestas del presidente Álvaro Uribe de subsidiar vivienda con valor hasta 170 millones de pesos y facilitar el acceso a crédito para compra de vehículos. El espíritu es poner a girar el círculo virtuoso de la demanda, la producción, el empleo, el ingreso para que no decaiga la demanda.

Ese mismo círculo virtuoso es el que dinamizará el mercado laboral a nivel nacional, regional y local, alrededor de los proyectos medioambientales. El resultado será, indudablemente, la disminución del desempleo en el país, tanto en las zonas urbanas como rurales.