Por: Jorge Mejía MartínezLos Ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores, siempre negaron que en Colombia se fueran a instalar bases militares operadas por norteamericanos. Parcialmente cierto. Ya se conoce que hay un convenio que entrega las bases militares de malambo, Palanquero y Apiay, para que 1.400 miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU operen en coadyuvancia con militares colombianos contra el terrorismo y el narcotráfico. Eso es lo que dicen los boletines oficiales.
Para el gobierno colombiano las bases militares no serán norteamericanas porque su administración y operación serán a cargo de uniformados nacionales. Del dicho al hecho siempre hay mucho trecho. Es difícil creer que los norteamericanos estarán acantonados en una base militar para acatar sumisamente las instrucciones de los colombianos. Al fin y al cabo la modalidad que en las últimas décadas ha adoptado la injerencia norteamericana fuera de sus fronteras, es la de resguardarse tras personajes oriundos del respectivo país, pero incondicionales. Los ejemplos en norte y sur América abundan. Por algo la exministra de Defensa Marta Lucia Ramirez –quien tiene por qué saberlo- ha manifestado sus reservas frente a la posibilidad de que la información obtenida por las acciones de inteligencia de los norteamericanos fluya equitativamente a los militares colombianos.
Pero lo más diciente sobre el carácter real de las bases militares, que las palabras almibaradas del gobierno nacional no pueden esconder, es la impunidad que cobijaría las actuaciones de los comandos norteamericanos en territorio colombiano. La atroz suerte de las mujeres menores violadas por marines en Melgar en medio de una total desprotección por parte del Estado Colombiano volvería a repetirse. Esa es la principal afectación de la soberanía nacional: permitir que la justicia colombiana se tenga que cruzarse de brazos ante actividades delincuenciales de los extranjeros en nuestras propias narices.
Con seguridad que las bases militares con presencia norteamericana seguirán siendo útiles en la lucha contra la guerrilla. Los resultados de los años recientes así lo demuestran. Si hay denuncias por el criminal comportamiento de algunos marines norteamericanos en Melgar, es porque su presencia es de vieja data en Colombia. Por ello hoy no tiene sentido rasgarse las vestiduras ante la supuesta invasión gringa. No más hace un año fueron liberados tres contratistas norteamericanos secuestrados por las FARC durante más de cinco años. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevarían en Colombia? Tampoco hoy nadie duda que la participación norteamericana fue fundamental en el éxito de la operación jaque, alabada por uribistas y antiuribistas.
En lo que sí no encuentro racionalidad para justificar la presencia norteamericana, es en la lucha contra el narcotráfico. Ha sido un fracaso total. Las cifras de las mediciones recientes de áreas cultivadas con coca, de las Naciones unidas, son tajantes. El 18 de junio las autoridades nacionales se vanagloriaron por las cifras que registraron “una dramática reducción” entre 2007 y 2008, al pasar de 99.000 hectáreas a 81.000. Volvimos a las cifras del año 2003 cuando el Plan Colombia no generaba más que expectativas. Lo que las autoridades no recuerdan es que en el año 2006 los cultivos de coca eran de 79.000 hectáreas. Aumentamos en tres años 3.000 hectáreas y saben ustedes, lectores de El Mundo, en los mismos tres años, ¿cuántas hectáreas se ha erradicado?
En 2006 se erradicaron 213.555 hectáreas, 26% más que en 2005. En 2007 se destruyeron cerca de 220.000 hectáreas – vía fumigación o erradicación manual- y en 2008 se erradicaron 230.000: 96.000 manual y 134.000 con glifosato. En tres años se erradicaron 663.555 hs ¡para pasar de 79.000 a 81.000 hs cultivadas!
