Hemos escuchado a algunos colegas expresar su malestar con la Gobernación de Antioquia porque les envió una orden de publicidad por 120 mil pesos para emitir en sus programas de radio una cuña sobre una campaña de educación. A sabiendas de la insignificante propuesta, la Central de Medios de Teleantioquia, por medio de la cual contrata la Administración de “Antioquia, la Más Educada”, les recomendó que sacaran el número de cuñas que creyeran conveniente, de acuerdo con el dinero ofrecido. Los colegas, consecuentes con el precio, decidieron que emitirán dos o tres cuñas.

Esta situación, que ha sido reiterada, nos lleva a preguntarnos lo siguiente:

¿Es consciente la Gerencia de Comunicación Pública de la Gobernación de Antioquia de la efectividad de una campaña que no tiene continuidad? ¿Está segura del impacto que tienen dos o tres cuñas en un programa, y su inmediata desaparición del aire? ¿Tiene en claro el concepto de costo – beneficio? ¿Está cumpliendo la Contraloría General de Antioquia con su papel de auditar el presunto detrimento que significa esta forma de ejecución de una campaña, en la que se sospecha vulneración de los principios de economía y eficiencia? ¿Se puede estar tipificando una lesión del patrimonio público por posible detrimento o uso indebido de los recursos públicos? ¿Puede haber daño patrimonial debido a una gestión antieconómica e ineficaz por parte de la Gerencia de Comunicación Pública de la Gobernación?

Hemos escuchado a algunos colegas expresar su malestar con la Gobernación de Antioquia porque les envió una orden de publicidad por 120 mil pesos para emitir en sus programas de radio una cuña sobre una campaña de educación. A sabiendas de la insignificante propuesta, la Central de Medios de Teleantioquia, por medio de la cual contrata la Administración de “Antioquia, la Más Educada”, les recomendó que sacaran el número de cuñas que creyeran conveniente, de acuerdo con el dinero ofrecido. Los colegas, consecuentes con el precio, decidieron que emitirán dos o tres cuñas.

 

Esta situación, que ha sido reiterada, nos lleva a preguntarnos lo siguiente:

¿Es consciente la Gerencia de Comunicación Pública de la Gobernación de Antioquia de la efectividad de una campaña que no tiene continuidad? ¿Está segura del impacto que tienen dos o tres cuñas en un programa, y su inmediata desaparición del aire? ¿Tiene en claro el concepto de costo – beneficio? ¿Está cumpliendo la Contraloría General de Antioquia con su papel de auditar el presunto detrimento que significa esta forma de ejecución de una campaña, en la que se sospecha vulneración de los principios de economía y eficiencia? ¿Se puede estar tipificando una lesión del patrimonio público por posible detrimento o uso indebido de los recursos públicos? ¿Puede haber daño patrimonial debido a una gestión antieconómica e ineficaz por parte de la Gerencia de Comunicación Pública de la Gobernación?

Este grupo de preguntas debe resolverlo la Contraloría General de Antioquia, que es la experta y la competente. Pero debe hacerlo con responsabilidad técnica y jurídica, y soslayar las consideraciones políticas que se puedan tener con la Administración Central.

Es bueno que los hallazgos hayan disminuido de 850 en 2012 a 150 en 2013, lo que tiene muy contenta a la contralora Luz Helena Arango. Pero eso no quiere decir que hayan disminuido a tal grado las acciones u omisiones que generan daños patrimoniales.

Esperamos que en el caso en mención no haya ni acciones ni omisiones y, en consecuencia, ninguna lesión a los recursos públicos que deben ser manejados como “sagrados”: económica, eficaz, imparcial y equitativamente.

Por eso, pasamos al escenario de presumir la buena fe del Gerente de Comunicación Pública de la Gobernación de Antioquia: seguro ha querido destinar algo del presupuesto de publicidad para algunos concesionarios de programas de radio y medios informativos antioqueños. Sin embargo, contrario a lo que ingenuamente supusiera una de las colegas que recibió la propuesta de los 120 mil pesos, no son “siquiera mil millones de los cerca de 20 mil millones que supuestamente ejecutó la Gobernación en comunicaciones en 2013”, cifra que, según ella, mencionó el diputado Adolfo León Palacio: ¡de 120 mil en 120 mil, lejos están de acercarse a los mil millones!

“Pero algo es algo”, se oye decir, aunque con indignación.

Se  nos viene a la cabeza, entonces, la “Parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro”, la cual termina con éste en el cielo y aquél en el infierno. Pero entre tanto, mientras terminan estos dos años de gobierno, serán muchos los perros que laman las llagas del “indigno” echado a la espera de saciarse de las migajas que caen de la opulenta mesa de la Gerencia de Comunicaciones.

La “dignidad” no es un mantra: no basta con pronunciar la palabra para que nos hagamos merecedores de respeto. La “dignidad” es actitud frente a la vida, frente a los otros y frente a la actitud de respeto de los otros hacia nosotros, de tal manera que nos genere plenitud y satisfacción.

Cuando nos golpean la dignidad, lo sabemos: nos desinflamos y nos sentimos vacíos e irrespetados. Entonces nos sacudimos para que no nos sigan ardiendo las llagas, nos paramos y les dejamos las migajas a los perros.