Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Fue tan desastrosa, clientelista, ineficiente y según algunos corrupta la fiscalía bajo la administración de Eduardo Montealegre, que no veíamos la hora que su período terminara, con tan mala suerte que su alter ego, Jorge Perdomo, pudo estar como fiscal encargado durante seis meses, tiempo durante el cual continuó con las prácticas de su mentor, que le le sirvió para aceitar con puestos y contratos a quienes habrían de ternarlo para aspirar a la Procuraduría General de la Nación: los magistrados de la Suprema, aspiración que comenzó inflada, pero se desvaneció con el paso de los días. No se podía tener como Procurador a una persona que le obedece órdenes a quien trató tan mal al Congreso de la República cuando tramitó la reforma a la justicia, al decir que con ella se estaba dando otra toma a la justicia, según lo dijo el senador liberal Luis Fernando Velasco. Palabras que no podían ser sino del entonces fiscal general Montealegre.
Como es de público conocimiento, la terna para fiscal general que presentó Santos a la Corte Suprema estuvo conformada por Yesid Reyes Alvarado, ex ministro de Justicia, sin duda el más idóneo, pero según dijeron muy cercano a Montealegre; Mónica Cifuentes, sin mucho respaldo político y poca experiencia en el manejo de este tipo de cargos, y Néstor Humberto Martínez Neira, cero penalista, pero más que a Santos cercano a Germán Vargas Lleras y desde hace meses cantado como fiscal general. De las tres opciones, se vió esta última como la más viable por tratarse de un hombre con mucha experiencia en altos cargos del Estado, conciliador, de ánimo tranquilo, sobre todo en un momento en el que el principal partido opositor al gobierno, con razones, se sintió perseguido por el anterior fiscal; en síntesis, pese a no tener conocimientos en derecho penal, era la mejor alternativa.
El domingo pasado, en una entrevista dada a Yamit Amat en el periódico El Tiempo, al referirse a proyectos de ley presentados por el ministro de Justicia, en los que aparentemente saldrían beneficiadas personas dedicadas al narcotráfico, lo cual se habría hecho con el propósito de comenzar a hacer efectivos algunos puntos del acuerdo con la guerrilla, como cuando se trata de campesinos dedicados al cultivo de la hoja de coca, pero que en la práctica saldrían beneficiadas otras personas en esa cadena delincuencial, se quejó abiertamente de semejante propuesta legislativa, lo cual es absolutamente entendible si en verdad es como lo dice el fiscal, pero aprovechó la oportunidad para denostar de algunos académicos, que según él, quieren adelantar una política criminal fundamentada en el no tratamiento penitenciario de ciertas conductas criminales, y fue más allá, dijo que esas nefastas propuestas ya habían alcanzado expresión en las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016. No está de más recordar que la primera de las citadas leyes vió la luz por propuesta que hiciera el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, conocedor como el que más del derecho penal y del carácter humanitario y libertario que por estas épocas lo informan, y lo que inspiró tal propuesta no fue sino lo que los que trasegamos por el mundo del derecho penal pedíamos a gritos: que la detención preventiva fuera una verdadera excepción y no la regla general, como es costumbre en Colombia; que para imponerse fueran más exigentes los requisitos y que fuera verdaderamente por un tiempo determinado y no de manera indefinida, como también es usual en nuestro medio judicial, lo que de paso ayudaría a descongestionar las cárceles; en dicha ley quedó claro que los delitos más graves tendrían un tratamiento más severo, como era de esperarse. No hay que olvidar que el hoy fiscal cuando fue ministro de Justicia, llevó al congreso iniciativas que evidenciaban su visión eminentemente retributiva del derecho penal. En parte, lo que ahora manifiesta se debe a su desconocimiento en materia penal, lo que no se suple solo con tener buenos asesores en la materia.
Esperamos los operadores jurídicos, que lo somos jueces, fiscales y abogados, que estos importantes avances legislativos que redundan en beneficio de derechos fundamentales como la libertad y el debido proceso, no sufran retroceso, porque seguramente el fiscal va a llevar al congreso propuestas para derogar estas leyes y quién sabe qué otras que hagan más represiva la ley penal colombiana.
