Por: Balmore Gonzalez Mira
El pasado 16 de julio escribí en este mismo medio una columna titulada “El debate presidencial del 2018”, (se puede leer), en la cual hice una reflexión sobre cual tenía que ser, en mi parecer, el tema de más importancia que deberían abordar con toda responsabilidad los candidatos al solio de Bolívar, los al Congreso y los mismos partidos políticos. Llegué a la conclusión que por encima de la seguridad, la corrupción, la justicia, el empleo, la educación y hasta la misma paz y el posconflicto, estaba el tema de la salud de los colombianos.
Una muy completa encuesta de Datexco, de la que dicen la gente la cree y acepta, dependiendo de cómo le haya ido, publicada en el periódico El Tiempo el pasado 12 de septiembre, me sorprendió al arrojar resultados que muy seguramente pudieran estar marcados por los recientes hechos que llenan de información los diarios nacionales y que nada raro que los colombianos hubiesen respondido que los temas que deberían abordar los candidatos que ya se lanzaron al agua, fuesen la corrupción, la reforma a la justicia, el posconflicto; la paz amenazada por los disidentes de las farc; el sometimiento del clan del golfo como un elemento conexo a la seguridad y al narcotráfico; el desempleo, y en fin un sinnúmero de situaciones de alta preocupación y gravedad en la nación. Sin embargo, de lejos, fue la calidad de la salud la que viene concitando el mayor desvelo de los colombianos. El pulso que hoy debe dirigir el debate nacional es una verdadera reforma al sistema de salud, acompañada de una proyección seria y muy responsable que convierta varias de sus vertientes en políticas públicas que realmente se cumplan, pues el mecanismo de la tutela viene agotando el modelo de atención, por la imposibilidad de su cumplimiento, así se vulnere el sagrado derecho Constitucional de la salud y de paso el de primer grado como es el derecho a la vida.
Cuando uno escucha historias de pacientes con enfermedades graves y la falta de atención a los mismos por parte de las EPS, inmediatamente pone en una balanza las experiencias narradas por auditores que hablan sorprendidos de cuentas de 700, 900 y 1.000 y 1.500 millones de pesos por la atención a un solo paciente, con costos que desbordan la capacidad financiera de cualquier entidad y colapsan inmediatamente el sistema. Y no quiero poner precio a ninguna vida humana, pero, ¿Cuándo entenderán las entidades prestadoras de salud que la implementación de los programas de promoción y prevención no solo deben ser miradas como unas cifras estadísticas, sino que deben ser reales, proactivos y con aplicación de rigurosidad? ¿Cuánto cuesta una mamografía, preventiva del cáncer de mama? ¿Cuánto cuesta el tratamiento del cáncer? El Fondo de Seguridad y Garantía en Salud, Fosyga, está desfinanciado y ahora su reemplazante ADRES, como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud no será la solución, pues es claro que en el país, el cambio de nombre de una entidad a otra no soluciona absolutamente nada. Ni en el sector público ni en el privado. Pero un porcentaje de recursos de ADRES y otros de los fondos de pensiones, deberían dedicarse exclusivamente a la promoción y prevención en salud, con una auditoría especializada y sin corrupción, que exija estándares internacionales muy calificados, para que se apliquen con toda ética y conciencia a la población.
Doy otro ejemplo vivencial. Saludcoop comenzó con graves problemas de atención o de desatención a sus pacientes y en cesación de pagos a prestadoras y a sus mismos empleados, inició su transformación a Cafesalud y los problemas se agudizaron, hace menos de dos meses fue adquirida por Medimás y ahora la situación es calamitosa. Los afiliados se quejan más cada día, la atención empeoró; las citas son imposibles, los exámenes se ordenan para dentro de varios meses y luego son nuevamente reprogramados o no se hacen por falta de pago y los médicos formulan sin diagnósticos; los medicamentos tampoco se entregan. Y las tutelas falladas que venían en el histórico son desconocidas por el nuevo propietario de la entidad con el manido argumento de que esas tutelas no son contra la actual EPS, sino contra las anteriores como si ellos solo hubieran comprado una parte de la empresa o solo hubieran heredado lo que les produzca dinero y no las inversiones que deban hacer.
A todo lo anterior se suma un sistema de salud deshumanizado, con una cuestionable preparación en este sentido, del personal que atiende y que hace que el servicio no sea de calidad; cuantas personas que consultan que solo requieren un trato amable podrían salir aliviadas con ser escuchados sus problemas y ser bien atendidos, lo cual también podría considerarse como parte de la pertinencia en el servicio. Pertinencia que no existe debido a una intermediación perversa que hace que esto no funcione. Creo yo. Mientras tanto, las escenas de la película que he narrado se repiten tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
