A propósito de la publicitada y vergonzosa equivocación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el programa Agro Ingreso Seguro, se ha vuelto a esgrimir el peregrino argumento de la buena fe para justificar y pedir excusas por un error que indigna a la opinión pública nacional y, peor, perjudica de nuevo al campo colombiano.
Es escandaloso que una política de subsidios le haya entregado a algunas de las familias más ricas del norte del país una cifra que sobrepasa los 25 mil millones de pesos. Bastaron algunos “proyectos productivos”, para recibir del buen gobierno, subsidios no reembolsables para llevarlos a cabo. Todo bajo el argumento, más ideológico que científico, de mantener e incrementar el empleo en las zonas implicadas.
Por supuesto, la discusión sobre el modelo de desarrollo del país vuelve a ser necesaria; la urgencia de una reforma agraria verdadera vuelve a saltar a los medios de comunicación y a los escenarios políticos formales; la histórica desigualdad en Colombia, que es de las mayores del mundo, vuelve a ser un lastre evidente en nuestras perspectivas de crecimiento, en fin, este escándalo pone en jaque no sólo la política agraria adelantada por el ejecutivo, sino el modelo económico al que le apuesta el Estado desde hace dos décadas.
Ha pasado casi desapercibido el error de fondo de este caso y por esto probablemente todas las reflexiones y los cambios esperados no se realizarán. Han dicho los responsables del Ministerio que fueron asaltados en su buena fe al entregar los subsidios a las familias ricas del norte. Es decir que los engañaron, que no es culpa de ellos, que fue a sus espaldas.
Resulta entonces de vital importancia volver a insistir en qué es lo que hace y debe hacer un político de verdad. La labor de un político es, justamente, no ser asaltado en su buena fe, son los bienes públicos los que están en juego; es el destino de miles de personas el que peligra con cada decisión. Si un político alude a que fue asaltado en su buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones no es que sea ingenuo; simple y llanamente es un incompetente y evidencia que no tiene la suficiente responsabilidad para reconocer que se equivocó con lo que implica políticamente –cuando no disciplinaria, administrativa o penalmente -. Esta es otra cara de la deshonestidad: la mala buena fe.
