Edwin Franco

Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría

Naturalmente que la muerte violenta de un ser humano debe ser un acto reprochable desde todo punto de vista, y en lo que atañe a la investigación y determinación de los presuntos autores, es una ineludible obligación del Estado, que lastimosamente no se cumple a cabalidad por los altos índices de impunidad que imperan en este país debido a varias circunstancias, que por lo corto del espacio no voy a mencionar. No obstante, sí hay algunos casos en los que se adelantan investigaciones tendientes a averiguar las razones del hecho y quién o quiénes son los responsables, de haberlos.  Hace pocos días una valiente juez, la 11 Penal del Circuito de Bogotá, Paula Astrid Jiménez, en un caso que si bien ameritaba toda la atención de la fiscalía en determinar lo sucedido, tomó un giro distinto por el cubrimiento que le dieron los medios de comunicación, decidió absolver a las investigadas, Laura Moreno y Jessy Quintero, por el cargo de homicidio por el que habían sido acusadas por parte de la fiscalía en la persona de Luis Andrés Colmenares.  Dictaminó la juez de marras que no se trató de ningún homicidio, sino de un accidente en el cual Colmenares perdió la vida.   Según se informó y se pudo ver, me atrevo a decir que no ha habido, lo que hace que rige el sistema penal acusatorio en Colombia, un proceso penal en el que se hayan invertido tantos esfuerzos y tantas energías en orden a esclarecer lo sucedido, tanto fiscalía como defensa, no escatimaron nada para sacar adelante sus pretensiones, teorías del caso como se denominan estas en el procedimiento penal.  Incluso, en un casi inusual y único caso, la defensa superó a la fiscalía en medios técnicos y peritos, muchos de los cuales fueron traídos de otros países, como de Puerto Rico, en donde el defensor de Laura Quintero, Jaime Enrique Granados Pena, vivió muchos años y conoce bien el sistema acusatorio de ese Estado Libre Asociado, tanto que participó en la elaboración de la propuesta legislativa mediante la cual se instauró esa clase de enjuiciamiento penal en nuestro país, si se tiene en cuenta que siempre se ha creído, y es verdad, que la defensa es la parte débil frente al poderío del Estado es estas materias.  Según he podido leer, la funcionaria judicial ha sido objeto, por las redes sociales, de cualquier cantidad de insultos por la decisión que tomó, valerosa por lo demás, en un país en donde los irresponsables medios de comunicación, sin ninguna razón, quieren tomar partido y generalmente lo hacen para condenar y nunca ponen al servicio esos poderosos aparatos informativos para pedir la absolución o la clemencia en favor de un procesado.  De ese matoneo a la mencionada funcionaria no son responsables sino los medios de comunicación, que en su afán por el morbo y el sensacionalismo y para calmar la sed del pueblo de encontrar responsables, que en estos temas por norma general es ignorante, resuelve la situación legal de los encartados mucho antes que lo hagan los órganos constitucionalmente legitimados para tomar esas decisiones.  Me atrevo a decir, que en la actual situación del país, donde la corrupción se tomó todos los estamentos y las instancias, tanto en lo público como en lo privado, los medios de comunicación no salen bien librados, que hagan encuestas sobre la seriedad y la credibilidad de los mismos a ver qué resultado arrojan.  Los invito a que recuerden el caso del ex viceministro del Interior, Carlos Ferro, al que la inefable Vicky Dávila, hoy premiada porque fue contratada por La W como periodista, le arruinó la vida privada y pública, cuando publicó un video donde este sostenía una conversación íntima con un mimbro de la fuerza pública, dizque la prueba reina de la inexistente comunidad del anillo, según la fiscalía.   Ahí si los medios de comunicación no dijeron nada, casi que al unísono salieron a defenderla.  Hoy día la Dávila está siendo objeto de una demanda judicial que le adelanta Ferro con un abogado que es un reconocido jurista que fue magistrado del Consejo de Estado.  Ojalá se haga justicia en favor del que también fuera senador.

De las procesadas, ni hablar, fueron condenadas antes de tener fórmula de juicio, ante un tribunal competente y con todas las garantías que los tratados internacionales, la Constitución y la ley les otorgan.  Se les alteró su vida en todo sentido, se retrasaron sus estudios universitarios, fueron objeto de toda clase de maltratos, de insultos, de improperios por parte de una opinión pública deseosa de venganza y desconocedora de los pormenores de las circunstancias.  Como es de fácil hablar, la lengua en muy mala presa, me decía un juez un día.   Y todo esto aupado por el comprensiblemente adolorido, pero también bocazas padre del fallecido, que una vez supo de la absolución, dijo que había traicionado su idiosincrasia al pretender resolver el asunto por medios civilizados.

Así hubieran sido condenadas, no debieran haberlo sido antes por los medios.  Muchas lecciones deja este proceso y los primeros llamados a aprenderlas son estos últimos, para que no sigan haciendo tanto daño.