Un Juez Penal Especializado de Medellín condenó, en primera instancia, a 28 años de prisión al exdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, como determinador del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, perpetrado el 21 de mayo de 1999.
El fallo declara al Exfuncionario responsable del delito de secuestro extorsivo agravado y lo sanciona con pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Además, le impone una multa equivalente a 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes
y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años.
En el curso de la investigación, orientada por un Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se conoció que Narváez Martínez visitó al exjefe paramilitar, Carlos Castaño Gil, y le propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz, con la idea de que era colaboradora del ELN. Adicionalmente, le entregó información clasificada obtenida por el DAS para sustentar la petición.
Finalmente, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) secuestraron a Piedad Córdoba cuando asistía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín y la mantuvieron en cautiverio hasta el 4 de junio de 1999, cuando fue liberada gracias a la mediación de varios sectores políticos y humanitarios. El caso del secuestro de Piedad Córdoba fue declarado delito de lesa humanidad.
En el mismo caso, el Juez Penal Especializado de Medellín compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Álvaro y Santiago Uribe Vélez por haber sido presuntos determinadores de los asesinatos de Jesús María Valle Jaramillo y Jorge Eduardo Umaña Mendoza.
La decisión del Juez responde al testimonio de Francisco Enrique Villalba Hernández, el 7 de julio de 1998, en el que señalaba que el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Mono Leche Junior, un excomandante de la Cuarta Brigada citado como General Ospina y otros altos mandos policiales, sostuvieron una reunión desarrollada en la finca Las Marraneras, donde supuestamente se habló de atentar contra algunas personas, entre ellas Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo, porque, al parecer, resultaban molestos por sus constantes señalamientos sobre las violaciones de derechos humanos por parte de paramilitares y miembros de la Fuerza Pública.
El expresidente Uribe se refirió al tema como “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente. Además, está la Sentencia de la Corte Interamericana”.
