Por: Ramón Elejalde Arbeláez
Tramita el Congreso un acto legislativo que convierte la sostenibilidad fiscal en un principio constitucional, lo que indudablemente riñe con otro principio constitucional, el de que Colombia es un Estado Social de Derecho.
El Estado Social de Derecho pretende: 1- que los ciudadanos cuenten con un mínimo vital o estándares mínimos para toda la sociedad. Es decir, que todos los habitantes del Estado tengan condiciones de vida soportables; 2- Debe garantizar la seguridad social a todos sus asociados; 3- Debe proteger a los socialmente débiles, es decir, que debe existir igualdad social. La igualdad no es un principio absoluto, se refiere a un tratamiento favorable a los socialmente desfavorecidos; 4- eliminación de abusos originados en el poder económico o en relaciones personales de dependencia; 5- Existencia de un sistema jurídico público de indemnizaciones y 6- El individuo debe tener un comportamiento social justo frente al Estado, lo que implica un sentido responsable de la propiedad.
César rodríguez G. ha dicho en el diario El Espectador (mayo 2 de 2011) que: “Un sector del Gobierno y los demás defensores piensan que la reforma es precisa para atajar el gasto de las tutelas que le ordenan al Estado atender a los desplazados, o suministrar drogas o tratamientos médicos, o adaptar espacios públicos para las personas con discapacidad. En síntesis: para cumplir los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991”.
Convertir en principio constitucional la sostenibilidad fiscal es arrojar por tierra los derechos sociales y el cumplimiento de los deberes estatales para con los económicamente débiles, en una sociedad considerada con Haití, la más desigual de América Latina. Primero que cercenar derechos es imprescindible acabar con privilegios onerosos del fisco nacional. El tratamiento fiscal que el gobierno Uribe Vélez pactó con grandes empresarios debe finalizar antes que aplicar las tijeras sobre una población inerme, que no participa de las actividades económicas pues no tiene ingresos y por lo tanto no tiene cómo adquirir bienes o servicios.
La reforma no es sencilla. Estamos cambiando la naturaleza del Estado, para lo cual carece de competencia el Congreso de la República, como ya lo ha reiterado la Corte Constitucional, especialmente en el fallo sobre el referendo que pretendía la segunda reelección del doctor Álvaro Uribe.
Asusta la falta de consistencia ideológica del partido Liberal que ha dejado su bancada en libertad para actuar sobre este tema. Asusta que Juan Manuel Santos, que viene asumiendo posiciones de corte social, esté promoviendo un cambio de esa naturaleza.
Notícula 1. Nadie se apiada del hundimiento que presenta la vía San Pedro de los Milagros-Medellín, como tampoco de los graves problemas de la vía que conduce a Támesis.
Notícula 2. ¿Quién nos cuenta qué pasó en la investigación que adelantó la Contraloría General de la Nación (administración Turbay Quintero) por el negocio de Hidroituango con unos dueños de acciones privados? ¿Es verdad que el detrimento patrimonial que allí se comprobó por parte del Ente de control lo pagó la empresa Hidroituango cuando el IDEA era su principal accionista? ¿Es verdad que ese detrimento patrimonial no tuvo sanción fiscal para los responsables? Quién cuenta.
