Por: Jaime A. Fajardo Landaeta

Alcaldes de ciudades capitales y de algunas intermedias les han reclamado al señor Presidente y a su ministro de Defensa que la seguridad democrática no llega a los centros urbanos. Alaban su efectividad en las áreas rurales pero hacer notar que en los territorios que gobiernan, donde habitan más del 70% de la población colombiana, nada de eso se menciona.

 

El Gobierno explica que no existen los recursos suficientes para darle continuidad y consolidar esta política, pero los primeros señalan presuntas alternativas para superar esta dificultad. ¿Acaso desconocen el elevado déficit fiscal que soporta la nación así como el cada vez más cuantioso saldo de la deuda pública y privada? 

Pareciera que también olvidan que la Fuerza Pública –así sea insuficiente- se ha incrementado en los cascos urbanos. Nos extraña, entonces, la solicitud de los alcaldes. ¿Es que acaso el sinnúmero de operativos realizados contra las bandas emergentes, el paramilitarismo, las milicias y el narcotráfico –recordemos la operación Orión en la comuna 13-, no están inscritos en dicha política? 

Más bien se debería examinar el trasfondo del problema para concluir que es precisamente esa política de seguridad la que esta a punto de colapsar, con repercusiones serias sobre el conflicto urbano. 

Lo que estamos observando es que si antes nos parecía que el triunfo en materia de seguridad residía en que se podía viajar a las fincas o municipios cercanos sin dificultad (a no ser por el pésimo estado de las vías), lo concreto es que salir de la casa ya es de por sí un riesgo: veamos sólo el caso de muchos de los habitantes de las comunas de Medellín que deben retirar a sus hijos de los colegios por temor a que pierdan la vida violentamente como está sucediendo con alarmante frecuencia. Otros papás abandonan temporalmente su lugar de trabajo para acompañar a los niños y jovenes hasta el centro educativo. 

El conflicto urbano ha tomado ribetes bastante significativos: las alianzas del narcotráfico con bandas y combos, el rearme del paramilitarismo, el fracaso de la reinserción de las AUC, el desempleo y la miseria, la falta de oportunidades para los más pobres, el corte de los servicios públicos, la expansión de las llamadas “casa de vicio”, el desborde del control territorial, la campante corrupción del estamento oficial y la pérdida de credibilidad de las autoridades, ameritan amplios procesos de participación ciudadana y programas de largo alcance que hoy no están en la mentalidad del Gobierno ni de quienes creen que sólo con Fuerza Pública se soluciona el problema. 

Si antes se decía que México se estaba “colombianizando”, para caracterizar los fenómenos de violencia y narcotráfico que vive ese país, hoy se puede afirmar que Colombia se está “mexicanizando” porque vuelve la pesadilla de las matanzas, los atracos y robos, el secuestro y aún la extorsión, en las mismas narices de las autoridades. Es que resulta paradójico que a pocas cuadras de las sedes administrativas y de la fuerza publica, las bandas y combos sigan fortaleciendo su accionar delictivo. 

Lo que ya fracasó no se puede seguir implementando. Para el caso de las grandes ciudades, para las cuales no se puede pedir que se espere otro “ratico”, se requieren nuevas alternativas de índole social, política, económica y militar, que por lo demás comprometan a los empresarios, al sector financiero y a los estamentos básicos de la sociedad. 

Además, configurar políticas urbanas frente al conflicto amerita otros estilos de gobernabilidad, nuevos instrumentos institucionales y ante todo más capacidad operativa de los entes territoriales, con mayores recursos del fisco nacional. Pero se necesita, muy especialmente, aprender de procesos como el llamado Pacto Social de los antioqueños, que derivo en la convocatoria de la Asamblea Constituyente de Antioquia, y el Plan Congruente de Paz, de los laboratorios de paz y de aquellos en los cuales la ciudadanía se siente como sujeto activo en la solución de sus propios problemas. Lo demás es llenar de fuerza pública las comunas, a pesar de lo cual se incrementan las más variadas modalidades de actuación del crimen organizado. ¡La fiebre no está en las sábanas, señores! 

Punto Final: Amigos(as) recordemos que el próximo 19 de octubre comienza el periodo de inscripción de cedulas. Este proceso va hasta el 2 de noviembre, promovamos una amplia participación ciudadana en dicha inscripción.