Hace ya algún tiempo que no escuchaba tanta polémica entorno a un tema relacionado con el campo colombiano. El programa ‘Agro Ingreso Seguro’ logró despertar el interés de muchos que hasta ahora eran ajenos a la realidad del campesino colombiano, pero como no hacerlo si al parecer se beneficiaron muchos y no precisamente quienes debían.
El campesino que día a día con el sudor de su frente se esfuerza por hacer producir nuestras tierras, quizá fue el menos favorecido, no solo por este, sino por muchos otros programas del Estado.
Es ahí, donde todos pensamos que hay que replantear muchos aspectos frente a las políticas agrarias. Estoy totalmente de acuerdo en que el Estado debe tender la mano a los habitantes del área rural, otorgar subsidios y créditos para producción y tecnificación de cultivos, al igual que para que posean viviendas dignas y una buena educación para sus hijos, que puedan prepararse mucho mejor, regresar al campo y aplicar allí sus conocimientos, no para quedarse en las grandes ciudades.
Creo que todos coincidimos en esta apreciación: “No queremos más campesinos engrosando las líneas de pobreza, marginalidad y desempleo en las ciudades”.Ellos deben quedarse en sus terruños, donde no serán mirados con desprecio, ni lástima y lo más importante, donde no se sentirán gente extraña.
Hacia la década de los 60 la población colombiana estaba distribuida en un 70% en el área rural, hoy en día esta cifra se ha invertido, tan sólo el 30% continúa en el campo. Las razones de esta emigración son múltiples, unos lo hacen por falta de empleo y se van a las ciudades en busca de oportunidades, otros lo hacen por huir de la violencia. En este sentido, es importante que el Gobierno continúe tomando las medidas necesarias para ayudar a estas personas en estado de desplazamiento, pero es necesario reubicarlos en pueblos y veredas, no en las grandes ciudades, porque ya no van a querer volver a las actividades del agro.
Tenemos una gran deuda con nuestros campesinos y debemos saldarla, estamos obligados a garantizarles una mejor calidad de vida, que su labor se vea recompensada a través de una política de apertura de mercados a nivel nacional e internacional para sus productos, de tal forma que el factor económico retribuya su trabajo.
Entonces, ¿Cómo lograr que los campesinos se mantengan en sus parcelas y los que se fueron regresen a allí? Es complicado, pero debemos hacer lo correcto, tratándose de la despensa colombiana, se hace necesario invertir en el campo y ejercer un mayor control para que las inversiones realizadas por el Gobierno Nacional aplicadas al sector realmente llegue al destino indicado, que quienes se vean favorecidos con la asignación de subsidios y créditos de bajo interés sean las personas para quienes se diseñaron estos programas.
Así las cosas, estoy de acuerdo en que se debe sancionar a los funcionarios públicos, políticos y personas que engañen al Estado o se presten para ello, convirtiéndose en acreedores de beneficios orientados a poblaciones menos favorecidas.
Tratándose de recursos públicos, antes de hacer cualquier adjudicación, es preciso hacer un estudio pormenorizado de la documentación reglamentaria, para comprobar si aplica o no a los beneficios y a la vez establecer una vigilancia durante y después de su ejecución; debe existir un acompañamiento continuo en estos procesos, de tal forma que se certifique el uso correcto de los recursos.
Finalmente, considero fundamental que los entes estatales reevalúen la efectividad de sus canales de comunicación, para que la información llegue hasta los lugares más apartados de nuestra geografía, así evitamos que muchas personas que aplican para estos programas gubernamentales se queden por fuera o que individuos inescrupulosos se beneficien de ellos, aprovechando la ignorancia de la gente en estos temas.
