Por: Ramón Elejalde
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El departamento de Antioquia tiene un organismo para atender desastres que es el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres –Dapard–. Un informe de la Contraloría de Antioquia, no desvirtuado, nos dice que lo que allí está sucediendo es todo un desastre, de tal magnitud como los vividos en Antioquia con el pasado invierno.
La Contraloría practicó a esa dependencia oficial de Antioquia, que dirige el joven Jhon Fredy Rendón, una auditoría integral y produjo inicialmente un preinforme que le fue remitido al Dapard para las explicaciones del caso, sobre los hallazgos realizados. Una vez conocidas las explicaciones la Contraloría, nuevamente, produjo un documento de “Confirmación de hallazgos”, que tengo en mi poder y en 84 páginas presenta un desolador panorama de desadministración, indolencia, laxitud e inobservancia de las normas jurídicas de todo orden, que son la confirmación de lo que aquí venimos diciendo hace muchos meses.
Denuncias en este sentido ha dado a conocer el diputado conservador doctor Martín Alfaro García. Lo afirmado por Alfaro García y por el suscrito merece explicaciones de los gobernantes y acciones efectivas de la Contraloría y de la Fiscalía General de la Nación y no descalificaciones de los administradores del erario.
Señala la mesa de trabajo que estudió el preinforme de la Contraloría y las respuestas del Dapard, infinidad de anomalías en la contratación pública, difícil de precisarlas en un breve escrito como estos. Trataré de resumirlos:
Es cercano a mil millones de pesos el supuesto detrimento patrimonial que hay en muchos contratos suscritos por esta entidad; contratos que tienen el registro presupuestal con fecha posterior a la legalización del mismo, violando el artículo 71 del Decreto 111 de 1996; otrosí de contratos no publicados o publicados después de la visita de la Contraloría en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, incumpliendo el numeral 17 del artículo 8 del Decreto 2472 de 2008; pólizas de cumplimiento de contratos sin amparo de “pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal”, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 8° del Decreto 1553 de 1994; pólizas de cumplimiento constituidas por menor valor del ordenado por el Decreto 1553 de 1994; pólizas aprobadas por el Dapard con fechas anteriores a la expedición de las mismas (¿?); contratos fraccionados entre la inversión departamental y la municipal para hacerlos aparecer como de mínima cuantía; contratos modificados que no tienen la fecha de las mismas; contratos sin la evidencia de que se hayan suscrito las actas de recibo a satisfacción de las obras; prórroga de contratos sin evidencia de que igualmente fue ampliada la garantía única, violando los artículos 18 y 26 del Decreto 679 de 1994 y el Manual de Contratación de Antioquia; contratos que no fueron sometidos al “Comité de Contratación”, violando el decreto departamental 512 de 2007; contratos iniciados en una fecha y meses después se constituyeron las pólizas de ley; fraccionamiento de contratos entregados a los mismos contratistas “con lo que se presume una violación al principio de transparencia del artículo 24 de la Ley 80 de 1993”; cambios a proyectos inicialmente viabilizados sin el respectivo soporte técnico; en muchos contratos aparece cuantificadas unas obras, que al ser confrontadas con la realidad no aparecen las mismas o con las especificaciones contratadas; obras construidas que después son nuevamente contratadas; materiales adquiridos para obras que aún no tienen terreno comprado; obras de protección a orillas de quebradas o ríos que “no tienen estabilidad y se aprecia muy efímera la inversión”; obras que tienen acta de inicio un día, a los doce días se entrega el anticipo y al día siguiente se paga la primera acta parcial de corte (¿?); contratistas incumplidos que recibe pagos parciales y ningunas observación o multa; obras suspendidas que son adicionadas o reciben pagos parciales sin merecerlos.
Amable lector, no lo quiero cansar más, apenas voy en la tercera parte del escrito fiscal. ¿No le parece una vergüenza lo que hacen con los dineros públicos ante el silencio indolente de todo mundo?
