Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
No puede resultar más elocuente el balance social de Fuerza Joven, el programa de la Alcaldía de Medellín dedicado a atender a la población vulnerable y en riesgo de vincularse al conflicto o ya inmersa en él, pero que busca acceder a la legalidad.
Entre 2008 y 2011 esta iniciativa arroja los siguientes resultados: el programa Delinquir no paga ha orientado a 75.763 jóvenes de los centros educativos y a 13.243 detenidos en cárceles, mientras que 5.213 muchachos en alto riesgo han pasado por el programa. Además, 75.763 niños, jóvenes y padres de familia fueron sensibilizados mediante talleres de cultura de la legalidad.
Con la Policía Metropolitana se habilitaron 781 promotores de vida que prestan servicios a la ciudad: 630 que antes estaban en el conflicto hoy estudian, mientras que 56 se ocupan del mantenimiento a las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y de la pintura y limpieza de semáforos. 170 defienden el espacio público y trabajan en ornato, aseo y embellecimiento; 23 son promotores en el Parque Arví, 341 prestan apoyo en el estadio Atanasio Girardot, 15 en los batallones Girardot y Bomboná, cuatro en la I.E. Manuel J. Caicedo y 15 en Comfenalco.
Además, 469 muchachos cursan la primaria, 1.262 la media vocacional, 2.334 la secundaria, 905 la técnica, 175 están matriculados en una tecnología, 13 avanzan en estudios superiores, 55 cursan un diplomado mientras que 470 ya culminaron la primaria. 1.249 terminaron procesos de educación formal, 452 están trabajando, 169 desarrollan proyectos productivos y 35 conformaron una precooperativa.
Por estas y otras razones, el programa Fuerza Joven fue premiado en el concurso latinoamericano de buenas prácticas en prevención del delito en América Latina y el Caribe.
Por estar destinado a fortalecer la legalidad y a arrebatarle jóvenes a la guerra, este programa debe asumirse como de alto riesgo para entender la situación de los beneficiarios: su sola vinculación no resuelve el problema de estar inmersos en el conflicto y los resultados solo podrán apreciarse hacia la mitad o al final del proceso. Las presiones son muchas, tanto de los actores del conflicto como de representantes de la propia institucionalidad que no dimensionan sus alcances.
Las estadísticas nos demuestran que de no existir estos programas, los asuntos de violencia en la ciudad fueran mucho mas profundos y estaríamos abocados a una situación de emergencia social derivada del conflicto que vive Medellín.
Así que sea cual sea la próxima administración, tendrá que ofrecer programas como este, o similares, a las comunidades y a los jóvenes que añoran regresar a la legalidad. Lo opuesto sería no entender la profundidad del problema y agudizar las frecuentes disputas territoriales. Se debe apreciar, además, que este es apenas parte de una estrategia integral de seguridad y convivencia. No entenderlo así es seguirle prestando atención a refritos ya debidamente aclarados, pero que de vez en cuando surgen cual fantasmas que pretenden asustar.
