Al entrar en vigencia la Ley de Garantías, el auditor General de la República, Jaime Raúl Ardila Barrera, pidió a todos los contralores del país una estricta vigilancia fiscal, con el fin de evitar la indebida utilización de recursos públicos con fines electorales.
En circular dirigida a los 62 contralores territoriales, Ardila Barrera consignó las disposiciones establecidas en materia de contratación estatal, utilización de bienes muebles e inmuebles y, en general, la destinación de recursos públicos en época electoral, impartidas por la Procuraduría General de la Nación.
“Es importante que los sujetos vigilados por estos organismos de control fiscal, como gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, distrital o departamental, tengan claro que dentro de los próximos cuatro meses no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”, dijo el Auditor General.
Sobre los procesos contractuales, estos deberán guardar los principios de transparencia, economía y responsabilidad, sin que pueda acudirse a la contratación directa.
Para garantizar el cumplimiento de estas instrucciones impartidas a las contralorías, la Auditoría General de la República ejercerá esta vigilancia a la gestión administrativa y misional adelantada por cada Ente de Control Fiscal; para tales efectos, utilizará distintos mecanismos idóneos tales como la información rendida a través del Control al Control de la Contratación –CCC-, Rendición de Cuentas SIREL, PGA 2012, Sistema de Evaluación de Ocho Criterios, entre otros.
