A las 10 de la mañana de este jueves, 4 de junio, se llevará a cabo una reunión convocada por el inspector Primero de Policía de Bello, Juan Sebastián Montoya, quien tomó la decisión de suspender, como medida preventiva, la actividad en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR- “Aguas Claras” de EPM, en Bello, debido a los malos olores que viene emitiendo.
El gerente Jurídico de EPM, Gabriel Jaime Velásquez Restrepo, espera que durante esta reunión convocada por el inspector Montoya, tanto EPM como comunidad, concejales de Bello y autoridades ambientales analicen con juicio las graves implicaciones para el medio ambiente y los habitantes de Bello y de toda la Subregión, de suspender la actividad de la PTAR, pues quedarán 120 millones de metros cúbicos de agua y lodo en proceso de descomposición.
“En criterio de EPM –dice Gabriel Jaime Velásquez- la del Inspector Primero de Policía de Bello es una decisión equivocada, porque ordenó la suspensión de actividades en Aguas Claras sin el trámite adecuado”.
El Inspector no tuvo en cuenta la advertencia hecha por la Procuraduría de “velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales”. Según el procurador 1° Judicial, Agrario y Ambiental de Antioquia, Héctor Manuel Hinestroza Álvarez, “las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales”.
El Gerente Jurídico de EPM se refirió, igualmente, a la advertencia hecha por el contralor Municipal de Bello, Háver González, quien afirmó que la decisión no va en contra de EPM sino de las comunidades de Bello y de las que habitan aguas abajo del Rio Medellín.
“Esperamos que este conflicto se solucione directamente en la reunión de este jueves, convocada por el mismo Inspector; si no es así, deberemos recurrir a medidas indirectas mediante procesos judiciales o administrativos. Este es un servicio público para el bienestar de la comunidad, y en criterio nuestro, no es responsable abortar las obras”, agrega Velásquez Restrepo.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá también expresó su preocupación por los inconvenientes técnicos, ambientales y sociales de la decisión del inspector Juan Sebastián Montoya: dejar de tratar las aguas residuales tendrá un impacto ambiental sin precedentes.
