Por: Rubén Darío Barrientos G.
Es real que no hay garantías ni para los partidos políticos ni para los candidatos, de cara a las elecciones de Congreso de este domingo 11 de marzo. Es verdad que ha habido pasividad en las colectividades al no exigir condiciones limpias para esta liza electoral. Es evidente que hubo grave fraude electoral en las elecciones de hace 4 años. Es inobjetable que la manipulación de votos en esa contienda del 2014 fue tremebunda. Es palmario que el gobierno nacional no ha tomado medidas para corregir esas tenebrosas fallas. Y es obvio que hay temor [o seguridad] de que para estas elecciones vuelva a aparecer la corruptela.
Vamos por el principio. Bien se sabe que la Registraduría Nacional del Estado Civil no controla el proceso electoral y desde el año 2010, lo tiene contratado con Thomas Greg & Sons Colombia y Thomas Greg & Sons Ltda., a través de varias uniones temporales [entre ellas Disproel, que maneja el contrato de inscripción de cédulas]. Estas empresas privadas tienen a cargo el 90% del sistema completo para las elecciones en el país, desde el papel y la impresión de los formularios hasta el software y los computadores en donde se cargan los resultados.
Dicho conglomerado de empresas –como un solo proponente– ha recibido jugosos contratos por selección abreviada, por más de $ 670 mil millones. Del mismo grupo, fue miembro de Junta Directiva el presidente Juan Manuel Santos [entre el 2002 y el 2006], hasta renunciar para ocupar el Ministerio de Defensa. Los dueños son los hermanos Bautista Palacio [Camilo, Fernando y Felipe], íntimos amigos de Santos, compañeros de golf y muy cuestionados en sus acciones comerciales. El portal La Silla Vacía, denunció que durante la campaña presidencial de 2010, Santos tuvo como uno de los donantes a los hermanos Bautista Palacio, lo que rápidamente fue retribuido en una jura de contratos.
El periódico El Tiempo [6 de marzo último] reveló en una nota intitulada “Las graves revelaciones del fallo que le devuelve curules al Mira”, que en las elecciones congresionales del 2014, en donde todos sabemos que hubo un fraude de proporciones inconmensurables, hubo 238.523 votos excluidos por sabotaje al famoso software [para 1.412 meses] y para variar, se informó que la torta se componía por: 45.596 votos en Sucre, 27.550 votos en Magdalena, 19.543 votos en Atlántico y 18.369 votos en Córdoba, para no seguir esa lista de la infamia. Y que hubo 13.919 votos excluidos por diferencias en formularios E14 y E-24. Toda una ignominia, una vergüenza, una ruindad.
La verdad es que yo como presidente de un partido político, hubiera salido a liderar el aplazamiento de las elecciones del 11 de marzo, hasta que se hubiera cambiado el manipulable software y se designara un registrador ad hoc. Es que el fraude está servido en la mesa electoral y los riesgos están latentes. Y como ya no se hizo esto, tendrán que quintuplicarse los testigos electorales y los veedores para controlar un tanto la hemorragia de la artimaña y la trampa.
En un país, donde el Consejo de Estado revela que se acreditó y re-que-te-probó que hubo sabotaje del software, violaciones en los archivos log del sistema, destrucción del material electoral poco después de la jornada, inconsistencias y modificaciones de los guarismos arrojados por los dos formularios [el de los jurados de las mesas de votación y los reportados por las comisiones escrutadoras], registros de fechas anteriores al inicio oficial del proceso de escrutinio y mil vagabunderías más, ¿Qué garantía de transparencia va a haber?
El Consejo de Estado exhortó a adquirir un software para los escrutinios y a que éste permita la trazabilidad de los resultados desde la mesa hasta la declaratoria de la elección. Ítem más: El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa, insistió en que el software no puede estar en manos de terceros. Y otro integrante del CNE expresó que la “manipulación” en el proceso de escrutinios de 2014 deja claro que “hay agentes externos que pueden intervenir, pero con ayuda desde adentro”.
Apagá y vámonos…
