Por: Eugenio Prieto
Las opiniones expresadas en esta columna, son responsabilidad de su autor
Continuando con la deliberación sobre el Idea, es importante ubicarnos en el contexto de la última década en materia de finanzas públicas en Colombia. Se expidieron normas de ajuste fiscal y financiero, responsabilidad y transparencia como la Ley 617 de 2000 y la Ley 819 de 2003, justificadas entre otras cosas en la crisis fiscal de los municipios del país: altos niveles de endeudamiento, gastos de funcionamiento por encima del 100% de sus ingresos de libre destinación, cesación de pagos y déficit primario que ponía en riesgo el pago futuro de la deuda de la mayoría de las entidades territoriales.
En materia de Plan de Ajuste Fiscal y Financiero –Paff- Ley 617 de 2000 -proceso en el que tuvimos la oportunidad de participar desde la Gerencia del Idea-, resaltamos el ajuste integral para el Departamento de Antioquia y los municipios que con responsabilidad y voluntad política lo asumieron y el apoyo decidido con recursos del crédito del Idea para financiar los Paff de más de 100 municipios y sacarlos de la crisis, entre otros, a municipios como Rionegro, Caucasia, Bello y Girardota. Aunque el Paff fue fundamental para recuperar la viabilidad de nuestros entes territoriales, siempre he considerado un error y un desequilibrio, no haber incluido al gobierno central en la reducción del gasto.
Cuando se presentó el proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal, hoy Ley 819 de 2003, se incluyeron dos artículos que hubieran acabado los Infis –incluyendo al Idea-. Se les prohibía prestarle a los entes territoriales propietarios de los Infis y no podrían captar recursos de ninguna entidad territorial y sus descentralizadas. Desde la Gerencia del Idea y gracias al apoyo decidido del Gobernador Guillermo Gaviria Correa –qepd- y de la bancada de parlamentarios antioqueños, logramos cambiar sustancialmente la redacción de los dos artículos, de tal forma que los Infis pudieran ofrecer prestamos a sus propietarios –entes territoriales-, de acuerdo con su patrimonio técnico y captar recursos de las entidades territoriales y sus descentralizadas, siempre y cuando tuvieran una calificación de bajo riesgo crediticio.
Desde la época logramos realizar operaciones de redescuento, por ello –antes de expedirse la Ley 819 de 2003-, decidimos hacer calificar al Instituto logrando por 6 años consecutivos la calificación AA. En ese entonces, según la calificadora, a pesar de no estar vigilados por la Superintendencia Financiera, los esfuerzos voluntarios en la implementación de la normatividad que se le exige al sector financiero en la gestión de activos y pasivos, el cálculo del índice de solvencia, la clasificación y cobertura de la cartera y la implementación del Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC), “…representan una fortaleza importante para la administración del riesgo frente a los demás institutos financieros del país”.
Expresamos nuestra opinión en el sentido de cumplir con las calificaciones de bajo riesgo por sus graves implicaciones para el Idea y el Departamento y por ello alertamos sobre la necesidad urgente de mejorar los indicadores actuales. Como antioqueño, por gratitud a una Institución que tanto le ha aportado al desarrollo de nuestra tierra, por respeto a sus fundadores y a las personas que han dedicado parte de sus vidas a hacer del Idea el mejor instituto de Fomento y Desarrollo del País, espero que tengan razón quienes afirman que la calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. es una homologación y que en este contexto, la otorgada el 2 de febrero por BRC Investor Services S.A. no implicaría disminución de la calificación y por tanto el Idea no tendría que desmontar sus operaciones de captación y colocación como lo establece el decreto 1525 de 2008.
Homologación, revisión o calificación inicial -cualquiera sea la situación-, las calificadoras son reiterativas en las implicaciones y amenazas de la normatividad y sobre la difícil situación que podría afrontar la institución si continúa concentrando recursos en inversiones de largo plazo, en tal sentido, refiriéndose a Hidroituango expresó: “…se observa que por la compra accionaria sobre la propiedad del proyecto se constituyó un crédito mercantil por valor de $94.596 millones, los cuales deberían en su totalidad financiarse con patrimonio, por lo cual Fitch considera que debería ser descontado tanto del patrimonio técnico como de los activos ponderados por riesgo, componentes de la solvencia de la entidad, lo cual reduce este indicador estimado hasta el 20,8% en junio de 2009”.
No hay mejoras. Si observamos el indicador de liquidez del Idea, difícilmente la calificación va a volver a ser AA y menos AA+ al terminar 2011. Mientras en el 2007 la razón corriente -capacidad de responder por las acreencias en el corto plazo con los recursos disponibles en el corto plazo-, era de 109,2% -es decir, por cada peso que se debía se tenía un peso con nueve centavos para pagarlo-, en el 2008 el indicador bajó al 89,1% y en el 2009 al 53%, sin contar los compromisos de vigencias futuras que se adquirieron sin autorización de la Asamblea de Antioquia, para capitalizar Pescadero-Ituango en el 2009 y 2010, lo que sin duda, agravará el problema.
Por lo tanto, si no es para solucionar la crisis del Idea, ¿a qué se debe el afán para realizar la subasta de Hidroituango? Al fin y al cabo, si la decisión es acertada, ¿por qué no socializarla unos meses más? Si es equivocada, corregirla nos demorará un poco más de tiempo, ¡con paciencia, tal vez, más o menos… 30 años!
Éste es un periódico independiente y pluralista, que admite todas las opiniones, siempre y cuando no vayan en menoscabo de la Constitución, de la Ley y de la diversidad de derechos de los colombianos. Usted también puede expresar la suya.
