Por: Eugenio Prieto Soto
Sucesivas, múltiples e irresponsables decisiones en el manejo de las finanzas públicas, llevaron al país a la crisis fiscal de los entes territoriales de la década de los noventas, lo que obligó al ejecutivo y al legislativo, a construir un conjunto de políticas para equilibrar la economía nacional. Se avanzó en una ola de reformas de carácter estructural para hacer frente a los principales problemas financieros del Estado y garantizar la viabilidad económica del país en el mediano y largo plazo. Aunque faltó -y aun falta- el ajuste en el gobierno central, se expidieron normas de responsabilidad y transparencia fiscal que modificaron el sistema administrativo de los departamentos, distritos, municipios y empresas sociales del Estado, para recuperarles la capacidad autónoma de subsistir y prestar los servicios públicos a su cargo.
Sin el plan de ajuste fiscal y financiero, tal vez, la mayoría de estas entidades hubieran entrado en cesación de pagos –de hecho, por lo menos el setenta por ciento70% ya estaba en dicha situación-. Su estabilidad financiera dependía de que con sus ingresos corrientes -aquellos que se perciben de forma permanente en el tiempo como única fuente de recursos cierta-, se pagaran todos los gastos de funcionamiento. Por lo tanto, medir los resultados de la aplicación de estas normas tiene como propósito fundamental, evaluar el desempeño fiscal y fomentar mejores prácticas de administración pública en los entes territoriales.
Esta semana se publicó el informe de desempeño fiscal de las entidades territoriales, que en cumplimiento del artículo 79 la Ley 617 de 2000, elabora el Departamento Nacional de Planeación -DNP-. Esta evaluación mide: la capacidad de las entidades territoriales para autofinanciar su funcionamiento, el grado de dependencia de las transferencias y regalías, el esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales, la capacidad de ahorro, el peso relativo de la inversión en el gasto total y la capacidad de respaldo del endeudamiento; con estas seis variables se establece un indicador sintético o consolidado y los municipios y departamentos del país se ordenan de acuerdo al resultado, en el denominado ranking de desempeño fiscal, que se viene publicando desde el año 2000 por parte del DNP.
Sobre este informe del DNP, el periodista Juan Guillermo Duque, en el Periódico El Colombiano, destacó: “Después de 10 años, Antioquia recuperó el liderazgo en el país al ser calificado como el primero a nivel nacional por departamentos en el manejo fiscal y de la hacienda pública…”. No es cierta esta afirmación. Hace 10 años -en el 2000-, Antioquia ocupaba el puesto 13. Por ello nos unimos a la oportuna y cordial rectificación que se realizara en Editorial del 30 de septiembre de esta casa periodística. Pero, respetuosamente no comparto, que el actual gobierno departamental haya continuado y consolidado el proceso de mejoramiento iniciado y sostenido durante los dos gobiernos de “Una Antioquia Nueva” entre los años 2001-2007.
Según el informe del DNP, el Departamento de Antioquia, realmente deterioró su indicador de desempeño fiscal, al bajar de 71.33 a 66.81, lo cual es grave y significa que el balance en su desempeño fiscal cambió la tendencia positiva que se traía, ya que entre 2008 y 2009 se incrementó la dependencia en las transferencias pasando del 32.5 a 40.4; se disminuyó la generación de recursos propios pasando de 45.2 a 34.7 y el porcentaje de recursos destinados a inversión solo se incrementó en 1%, llegando a los mismos niveles del 75.9 alcanzados en el 2006. El departamento de Antioquia ha desmejorado su gestión financiera si se compara con los últimos cuatro años en los que el indicador de desempeño alcanzó niveles del 68.8 en 2005, 70.24 en 2006, 70.06 en 2007 y 71.33% en el 2008, revirtiendo la tendencia que se traía, al caer 4.52 y pasar al 66.81.
Lo que es cierto, es que el primer lugar en el ranking de desempeño fiscal no se logró por esfuerzo propio, ni gracias a una gestión positiva, sino porque los departamentos que ocupaban los dos primeros lugares también disminuyeron sus indicadores. Atlántico que era el primero en 2008 pasó del 72.69 al 66.68 y Meta que era el segundo pasó de 72.26 a 57.05. En general Antioquia en el 2009, fue uno de los 26 departamentos que desmejoraron sus indicadores fiscales. Si hacemos un comparativo entre las variaciones 2008 a 2009, con la disminución de 4.52 real que tuvo Antioquia, nuestro departamento estaría ocupando un deshonroso puesto 16, dejando muy claro que para Antioquia y sus habitantes es mejor tener un mejor indicador de desempeño fiscal que un mejor puesto en el ranking.
Contrario a esto, destacamos la buena labor de Municipios como Rionegro, Itagüí, Medellín, El Retiro, Girardota, Sabaneta, Copacabana, Guarne, Bello, Envigado, Anorí, La Ceja, Caldas y Yondó, que aparte de ocupar los primeros lugares a nivel departamental y nacional, tienen indicadores en aumento y superiores a 70, lo cual es muestra de un excelente desempeño fiscal. Que 26 de los 32 departamentos y 757 de los 1.101 municipios del país hayan desmejorado sus indicadores de desempeño fiscal entre 2008 y 2009, debe llevar a al Ministerio de Hacienda, al DNP, al Congreso de la República y a las propias entidades territoriales a evaluar el proceso de ajuste fiscal y financiero iniciado con la Ley 617/00 y demás normas de responsabilidad y transparencia.
