Por: Francisco Galvis Ramos
Medellín.- En octubre del año pasado presenté queja disciplinaria ante el señor Procurador General de la Nación en contra de Alonso Salazar Jaramillo, para entonces alcalde de Medellín, por su pública intervención en política partidista y electoral y el 29 de febrero se produjo el fallo de primera instancia a cargo de la recta procuradora delegada, doctora María Eugenia Carreño Gómez, sancionando al ex alcalde con destitución ya simbólica e inhabilidad de 12 años para ejercer funciones públicas.
Dada la contundencia de las pruebas, el sentido del fallo no reviste ninguna novedad y castiga de manera ejemplar, una conducta francamente desbordada, sin precedentes en la ciudad, que, sin duda, tuvo efectos en el resultado electoral para la alcaldía de Medellín, aparte de la incidencia de otras prácticas cuyo inventario rueda por ahí.
Lo que si resulta curioso es que las pocas personas que han elevado sus lamentos por el resultado del riguroso disciplinario, incluido el sancionado, hayan protestado porque el proceso se haya adelantado en tan solo cuatro meses, lo que es propio del procedimiento verbal que contempla el Código Disciplinario Único, que es de una brevedad honorable.
Esas son suspicacias destinadas a engañar al público y a perfilar un falso mártir y encajan en eso que llamamos las “patadas del ahogado”. Sí todo fuera así en este país, como muchas veces lo ha hecho la procuraduría, de realizar la pronta y cumplida justicia que ordena la Carta Política, nuestra sociedad estaría pasando al otro lado de ese mar de impunidad que baña las conductas horribles de tantos servidores públicos.
Como a Salazar Jaramillo le preocupa tanto mi pasado y no cabiendo en este espacio mi autobiografía, tengo para manifestar bajo la verdad inflexible que, contrario a él, nunca he sido sancionado ni fiscalmente, ni disciplinariamente, ni policivamente, ni penalmente, incluido mi desempeño como Director de Fiscalías de Antioquia en la que jamás se han manejado asuntos relacionados con narcotraficantes, paramilitares, terroristas, lavadores de activos, etc., del resorte de la Dirección de Fiscalías de Medellín que no ocupé y que en varias ocasiones me abstuve de aceptar como medida cautelar para la preservación de mi buen nombre.
No seré “la paloma del Arca”, pero quede claro que no soy de aquellos, que sea capaz de infamarse realizando los propios bajos menesteres que a otros distinguen y por los que pagan prisión.
No he hecho fiestas, ni las haré, ante el revés sufrido por el ex alcalde Salazar, porque la aplicación de una condena, sea disciplinaria o penal, comporta un drama personal para el sujeto que la recibe, pero como ciudadano, sí tengo claro que las penas aplicadas constituyen un precedente necesario para que cosas tan burdas como aquella, no vuelvan a suceder aquí, ni en ninguna parte.
Finalmente, encuentro inapropiadas e inaceptables las declaraciones, tanto del alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa, como del gobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama, quienes, para mal ejemplo de los gobernados, salieron al unísono a ponderar al infractor como persona “valiente”.
Ningún violador de la Constitución o de las leyes merece el título de valiente y quien sostenga lo contrario, es posible que sin proponérselo esté haciendo apología del delito. “Al buen callar llaman Sancho”.
Tiro al aire: el “rey sol” no ha empezado a gobernar en Antioquia y tardará en hacerlo. Todo el tiempo lo tiene destinado a fomentar eso que las señoras llaman peloteras fascinantes.
