Por: Jorge Enrique Vélez García
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Estamos a puertas de elegir el nuevo Congreso de la República y veo, al igual que muchos ciudadanos, con gran preocupación que algunos de los futuros padres de la patria están derrochando recursos a lo largo y ancho del país para lograr sus curules. En muchas zonas se está manejando grandes sumas de dinero, sin que se conozca su procedencia y destino.
Ante el gran riesgo de ingreso de dinero ilícito a las campañas, la Unidad de Reacción Inmediata Electoral, Uriel, del Ministerio del Interior y de Justicia, reanudó sus funciones el pasado 25 de enero, para canalizar todas las denuncias de los organismos oficiales y organizaciones sociales relacionadas con el proceso electoral y en su primer informe coincide en que el riesgo electoral para los comicios de este año es muy alto y es muy difícil garantizar el voto libre de los ciudadanos.
Son múltiples las alertas ciudadanas sobre excesos de dinero en las campañas al Congreso en diversos municipios y departamentos del país. Algunos partidos están gastando grandes sumas de dinero en sus candidatos y veo la imperiosa necesidad de controlar de manera muy estrecha el ingreso de dineros que están afectando los topes electorales.
Reclamo una acción más proactiva del Consejo Nacional electoral (CNE) para vincular a la comunidad en la prevención de los delitos electorales, es hora de que los ciudadanos comiencen a denunciar si hay dinero ilegal o cualquier otro tipo de practica electoral corrupta que se esté fraguando a expensas de las elecciones.
El dinero que está circulando en las regiones es mucho, en departamentos como el Cauca, Antioquia, Cesar, Bolívar, se están repartiendo cuantiosas prebendas entre los votantes y los líderes políticos de las regiones. Considero que así no hay garantías para un proceso limpio y honesto en el ejercicio de la democracia y así las cosas es imposible competir en condiciones de equidad.
De acuerdo con un estudio del Movimiento de Observación electoral (MOE), nos revela un panorama alarmante, una tercera parte de los municipios del país registra altos riesgos electorales.
La fiscalización y transparencia de los ingresos y gastos de campañas electorales representan un gran reto en la vida democrática de nuestro país, porque el problema de la transferencia ilegal de dinero público o privado a los partidos o candidatos no culmina en día de las elecciones, eso es solo el comienzo, luego vienen los favores o privilegios para quienes hicieron estos aportes.
En este sentido, vale la pena hacer un alto y preguntarnos si ¿Se justifica vender nuestras conciencias y el destino del país por unos cuantos pesos? No lo creo, tengamos en cuenta que está en juego la solidez y viabilidad de nuestras instituciones y si lo permitimos se seguirá poniendo en entredicho la credibilidad y el buen nombre del Congreso de la República y aumentará el desprestigio de los partidos en Colombia.
