Medellín le apostará a las Autopistas de la Montaña, luego que el Concejo local aprobara el proyecto de acuerdo que vincula al municipio a esa iniciativa, con lo cual se propicia la firma del contrato entre ISA y el Inco, así como el inicio de los estudios técnicos para definir el comienzo real de las obras.
Me parece que los argumentos esgrimidos por la Corporación tienen todo el asidero legal y que, en consecuencia, ha dado un paso histórico. Pero me voy a referir a tres aspectos que deben ser aclarados para evitar las interpretaciones tendenciosas que pueda despertar este ambicioso proyecto.
Para el primero me apoyo en la definición que hace la Real Academia Española del término concesión: “Facultad que una empresa da a otra o a una persona determinada para distribuir, explotar o vender sus productos en una zona determinada”. “Privilegio que da el estado para explotar algo”. Para que la opinión pública disponga de suficientes elementos de juicio, se deben divulgar los criterios que convierten a ISA en un verdadero concesionario para la ejecución de obras públicas, pues hasta ahora se nos presenta más como una entidad intermediaria, que administrará los recursos del Estado. El caso es que se anuncia que ISA buscará los 3.6 billones que le faltan al proyecto, en el mercado de capitales. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿estamos ante un concesionario o ante un intermediario financiero? Claro que resulta obvio que este no es un problema del Concejo ni de la administración de Medellín. Es bueno y necesario, desde todo punto de vista, que ISA y el Gobierno Nacional aclararen debidamente este concepto.
Cuando estudiamos el tema de las concesiones en la Facultad de Economía, nos quedó claro que era necesario determinar a quién se definía como concesionario, qué era lo que cedía el Estado y también bajo qué condiciones y pretensiones. De allí se derivarán criterios básicos para la definición de los concesionarios en términos de infraestructura o construcción de carreteras; a la vez esto le permite al Estado entregar a empresas privadas el manejo de los peajes e incluso el destino de los pagos de valorización, por el hecho de haber financiado y ejecutado las obras ó hacer mantenimiento de ellas.
El segundo tópico de mis reparos se refiere a la decisión de comprometer vigencias futuras del presupuesto municipal. La suma finalmente autorizada fue de 400.000 millones de pesos (es decir 40.000 millones por año entre el período 2011 y 2020). Considero que se están cediendo ciertos niveles de gobernabilidad que tendrán implicaciones sobre administraciones futuras. Eso es totalmente legal, pero el cuestionamiento surge del hecho de que el concesionario no tiene claridad sobre la obtención de los recursos que aportará; además se admite que los buscará en el mercado de capitales.
Me explico: para ceder esa porción de gobernabilidad tiene que existir un nivel de soporte en la inversión por parte del concesionario que garantice de entrada la inversión estatal y, en este caso, ISA no lo tiene. ¿Este tema fue abordado y aclarado durante los debates del Concejo y por eso no aparece en los informes de prensa? Puede ser. Estaremos a la espera de la información pertinente.
El tercer punto atañe a mi percepción política: creo que el gran ganador del proceso fue el ministro Andrés Uriel Gallego, quien no ha demostrado unos mínimos de eficacia y eficiencia en su gestión. Sus realizaciones en el tema de las grandes obras de infraestructura dejan mucho que desear. A un Ministro carente de logros se le acaba de aparecer la Virgen con estas decisiones, que ahora capitalizará para usarlas como una cortina de humo del tamaño de una autopista.
Insisto en aplaudir la gestión del Concejo Municipal en este caso, pero creo que se deben aclarar las dos primeras inquietudes. Resulta evidente que este macro proyecto es de interés capital para Medellín, Antioquia y Colombia, por lo que debemos apoyarlo, pero con un concesionario que nos diga cuánto pone y no cuánto le damos.
