Por: Jorge Alberto Gómez Gallego
En la primera entrega expliqué lo distante que se encuentra el proyecto de recibir recursos del gobierno nacional, lo que contrasta con la premura de las administraciones de Antioquia y Medellín por comprometer recursos que no les están sobrando, y para un proyecto que no es de su competencia constitucional.
En esta segunda entrega me permito hacer una breve radiografía de la empresa que está detrás del proyecto como estructuradora y ejecutora, y desde luego, principal usufructuaria de los réditos que llegare a producir la concesión, que es Interconexión Eléctrica S.A. – ISA – , a la cual de forma curiosa los defensores del proyecto la presentan como de carácter público sin serlo.
ISA nace en 1967, como una empresa carácter público, para atender la necesidad de interconectar los principales centros de consumo de energía y los de generación. En 1994 es escindida para atender las exigencias privatizadoras de la Ley 142.
En 1996, en medio del festín neoliberal, se produce la decisión de convertirla en empresa mixta por acciones, en una decisión impuesta por el gobierno nacional. Es bueno recordar que se han hecho tres ventas de acciones hasta la fecha, con el atractivo nombre de “democratización”. La primera en el año 2000, a razón de $ 850 unidad y dos más así: en el 2002 a los antiguos accionistas a $ 1.061 y a los nuevos a $ 1.083; y en el 2007 a un precio unitario de $ 7.076. El valor actual de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia es de $ 11.900. Como ven amables lectores, utilidades de fábula, principalmente para las Administradoras de los Fondos de Pensiones, principales compradores de esas gangas.
Se alega que la empresa sigue siendo en un 53% propiedad de la nación y en ella también aparecen EPM y ECOPETROL como accionistas importantes, y de ahí su carácter “público”. Omiten deliberadamente el pequeño detalle de que los Estatutos Sociales otorgan a los socios minoritarios un poder enorme. La Junta Directiva de 7 miembros, se integra mediante votación y aplicando el método del cuociente electoral. Pero según los artículos 31 y 32 de ese documento, plasmado en la Escritura Pública 523 de Abril 29 de 2008, de la Notaría Única de Sabaneta (Antioquia), el quórum para sesionar es de 6, y los votos necesarios para decidir son 5. A esto le dan el eufemístico nombre de “Buen Gobierno”.
En la actual Junta Directiva tienen asiento 3 representantes del gobierno nacional, entre los cuales se destaca uno que no es funcionario público, sino hombre de negocios, el ex – gerente de Ecopetrol, socio y directivo de la banca de inversión Betainvest S.A, Isaac Yanovich; también tienen cupo en la Junta, dos voceros de los accionistas privados, Armando Montenegro, Presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos y Luisa Fernanda Lafaurie, consultora de gestión, formulación e implementación de estrategia financiera y corporativa. También ocupa un puesto en la Junta, Orlando Cabrales destacado ejecutivo, hombre de confianza del grupo Santodomingo, y actual Presidente de Polipropileno del Caribe S. A, quien figura a nombre de ECOPETROL, y la preside. Esto significa que 4 de los 7 integrantes de la Junta de ISA, tienen sus intereses subordinados a su condición de consultores privados, inversionistas, voceros de gremios financieros o simplemente negociantes o comisionistas. De los 7, solamente el Ministro de Minas, la Directora de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y el Gerente de EPM, tienen hoy vínculo con el sector público.
Como conclusión podemos afirmar de manera categórica que en ISA, al sector privado, con 2 votos en la Junta le basta para imponer un insólito poder de veto, con 3 le alcanza para impedir que se adopten decisiones, o para imponer las propias, pero desde luego, están mucho mejor con 4 votos. Y eso en el caso que aceptemos que el Ministro de Minas obra en representación del Estado, y no de su patrón por 38 años, la multinacional Exxon Mobil, con el que los privados tendrían 5 de 7. ¡Una verdadera moñona!
