Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Reformar la justicia en nuestro país es una necesidad sentida y a ello se le han dado largas hace mucho tiempo, varios han sido los intentos y todos ellos frustrados por distintas razones, que pueden resumirse en que no han habido consensos en torno a lo que todos los actores quieren que se tenga en cuenta o a lo que no debe estar incluido en las modificaciones.
Hace unas semanas el partido Cambio Radical radicó su propuesta de reforma a la justicia y la semana pasada lo hizo el gobierno nacional por intermedio de su ministra de Justicia, que ha dado lugar a que voceros del partido de Germán Vargas Lleras, dijeran que la del gobierno es una copia de la de su partido. Lo que se propone por parte de este partido es que se eliminen las facultades electorales de las cortes; su suprima el Consejo Superior de la Judicatura; la creación de un Colegio Nacional de Abogados que los discipline, como de una Corte de Aforados para investigar y juzgar altos funcionarios del estado, como magistrados de las cortes y fiscal general de la nación, puesto que hoy están en la total impunidad, ya que dicha función la ejerce, en principio, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes; crear lo que se llama el precedente judicial para que los jueces apliquen la jurisprudencia que se haya sentado a asuntos similares; regular la acción de tutela para que no se abuse de ella; también se propone aumentar la experiencia para ser magistrado a 25 años y extender el período de los mismos a 12, como la supresión de las contralorías departamentales y municipales.
Por su parte, el gobierno le apunta a modificar las facultades de los magistrados para elegir o ternar los jefes de los organismos de control y fiscal general; aumentar los requisitos para ser magistrado, como su período; crear un tribunal de aforados o darle herramientas a la Comisión de Acusación de la Cámara para que adelante en debida forma la función de investigar y acusar a magistrados y fiscal general; también modificaciones a la tutela y la manera de reemplazar el Consejo de la Judicatura.
Como puede verse, prácticamente en todo coinciden ambas propuestas y aunque puede sostenerse que hay cambios que en algo ayudan, como por ejemplo terminar con las facultades electorales de las cortes, pues acabaría con el cruce de favores y por tanto con la corrupción que esta circunstancia conlleva, que dicho sea de paso, ya los presidentes de las cortes dijeron que no están de acuerdo con esa propuesta, mientras que meses atrás decían que era un regalo envenenado que querían devolver; un verdadero tribunal que investigue y juzgue a ciertos funcionarios como magistrados y fiscal general hace falta, pues hoy gozan de total impunidad; algo positivo es también el aumento de los requisitos para aspirar a ser magistrado de las cortes, pero en general, todas las propuestas, de fondo, poco o nada mejoran el sistema actual de la administración de justicia. Es importante acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, por todo lo que se sabe ha ocurrido allí, pero crean otro con iguales o peores vicios; aumentar la edad para llegar a una corte, puede ser interesante desde el punto de vista de que se debe llegar allí a aportar todo el conocimiento adquirido y a terminar una carrera profesional y no a seguirla y que esto sirva de trampolín para hacer política, o peor, para hacer intrigas después en el mismo tribunal donde se ejercieron funciones, pero al grueso de la justicia que está en instancias inferiores no se le hace ningún cambio. Por ejemplo, el sistema penal acusatorio está colapsado hace tiempo, los procesos toman igual o más tiempo que los tramitados bajo la Ley 600 de 2000, urgen reformas a la ley que implementó esta forma de investigar y juzgar en Colombia, deben dársele herramientas al juez de garantías para controlar la imputación o que haya recursos para impugnarla cuando es desfasada o arbitraria, o bien suprimir esta etapa; que el juez de conocimiento pueda ejercer un control material al acto de acusar llevado a cabo por la fiscalía; hacer más accesible el recurso extraordinario de casación, ya que como ha estado concebido se le ponen trabas técnicas, entre otros aspectos; se hace necesario nombrar más jueces y fiscales para cumplir con uno de los fines de la justicia, como que debe ser pronta y cumplida; en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la admisión de una demanda tarda hasta un año y la realización de la primera audiencia otro año más; la acción de tutela, en lugar de peluquearla, lo que hay es que fortalecerla porque es lo mejor que tiene la Constitución del 91.
Por lo visto, una oportunidad más desaprovechada para reformar verdaderamente a la justicia.
