El programa Agro Ingreso Seguro se promovió por parte del gobierno nacional ante el Congreso de la República, como un mecanismo transitorio para preparar, fortalecer y defender a nuestros productores agropecuarios ante la evidente desigualdad en la que los colocaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El esquema del AIS fue el reconocimiento implícito de que las denuncias hechas por el Senador Jorge Enrique Robledo tenían un sólido fundamento, pues si bien el gobierno norteamericano se comprometía a eliminar paulatinamente los subsidios a las exportaciones, dejaría incólumes, e incluso podría incrementar, las ayudas internas a sus agricultores y ganaderos.
Colombia por su parte eliminaría tanto los subsidios en frontera (aranceles y subsidios a la exportación), cómo las ayudas internas. Y esto en buen romance, significa que el gobierno colombiano retiraría a los productores del campo todos los apoyos, mientras la Casa Blanca mantendría los de mayor peso en el conjunto de ayudas, pues los subsidios internos significan en Estados Unidos cerca del 70% de un gran total. Hay que agregar que comparativamente las ayudas son tan desiguales, que mientras en los Estados Unidos han significado históricamente un 50% de su PIB agropecuario, aquí solamente han alcanzado un 10 % del nuestro.
Por esas razones, sentenció con meridana claridad en ese entonces el Senador del POLO, que en materia de competencia comercial en el sector agropecuario, “Colombia ha competido con una navajita, y Estados Unidos con una ametralladora. El TLC consiste en que Colombia renuncia a la navajita, y Estados Unidos conserva su ametralladora.”.
En casi tres años de ejecutorias del AIS, el balance indica que no se ha destinado prácticamente un peso nuevo para el apoyo a la producción de alimentos, y el gran volumen de nuevos recursos han ido a parar a grandes propietarios, cuyas plantaciones son de tardío rendimiento y/o tienen vocación agro – exportadora.
Los recursos del ICR (Incentivo a la Capitalización Rural), que no son nuevos, sino que se catalogaron como AIS para inflar el programa, han mantenido y profundizado la tendencia a concentrarse en manos de uno cuantos monopolios, y los de riego y drenaje han sido casi exclusivamente destinados a palma aceitera y banano.
Por eso el debate acerca del nuevo escándalo no puede circunscribirse a lo que pretenden Uribe y “uribito”, que si dos o tres familias opulentas de la costa fraccionaron fraudulentamente unas fincas para multiplicar los subsidios. Esos bochornosos episodios son apenas una de las tantas consecuencias funestas de una política concebida contra el interés nacional.
Es preciso centrar la discusión en la concepción misma del programa, pues éste ha servido para los más detestables propósitos, con la apariencia de ayuda al abandonado y segregado campo colombiano: sirvió de “lubricante” para que pasara el TLC en el parlamento, profundizó la orientación de la política agropecuaria del uribismo, consistente en privilegiar a los grandes inversionistas y la producción de tropicales para la exportación, golpeando simultáneamente la producción de alimentos y la producción campesina y empresarial no monopolista. Todo para promover la famosa “confianza inversionista”, concebida para acabar de liquidar nuestra soberanía y seguridad alimentaria, en perfecta armonía con los intereses de las multinacionales norteamericanas. La corrupción es apenas la “ñapa”.
