Por: Heberto Tapias García
Después de las elecciones presidenciales, el progresismo colombiano quedó atrapado entre dos explicaciones. Para unos, la derrota fue consecuencia de los errores propios. Para otros, pesaron más la presión de los adversarios, la manipulación de la opinión pública y las posibles interferencias externas. Las dos lecturas tienen algo de razón. El problema aparece cuando cualquiera de ellas pretende explicarlo todo.
En ese debate resultan centrales dos artículos, El suicidio de la izquierda colombiana, de Víctor de Currea-Lugo, y La izquierda colombiana no se suicidó: la quisieron matar (y sigue viva), de Carlos Enrique García Prieto. El primero llama a una autocrítica severa; el segundo rechaza el derrotismo y recuerda las fuerzas que se opusieron al Gobierno. Más que escoger entre ambos, conviene preguntarse qué parte de la realidad ilumina cada uno.
La izquierda no se suicidó, pero tampoco puede comportarse como si nada hubiera ocurrido. Hubo divisiones, dificultades para llegar a acuerdos, problemas de organización y errores de comunicación. También hubo una oposición persistente, obstáculos institucionales y desigualdades de poder que hicieron más difícil gobernar. Negar cualquiera de esas circunstancias sería una forma de evadir el balance.
Lo primero es reconocer lo que se hizo. La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia fue un hecho histórico en un país marcado por la exclusión social y la violencia contra las fuerzas alternativas. Después del exterminio de la Unión Patriótica, alcanzar el poder por la vía electoral significó abrir una posibilidad que durante décadas parecía imposible. Ese logro no debe minimizarse, aunque tampoco puede convertirse en una defensa automática de todo lo realizado.
El Gobierno impulsó medidas que para millones de personas tienen efectos concretos, como la reducción de la pobreza, la gratuidad de la matrícula en la educación pública, los subsidios, los aumentos del salario mínimo y las iniciativas de reforma social. Esos avances deben discutirse con datos, no como una consigna. Para una familia, una matrícula gratuita, un ingreso mayor o un subsidio pueden marcar una diferencia real. Descartarlos porque provienen de un Gobierno cuestionado sería injusto.
Pero enumerar logros tampoco basta. Hay que saber qué funcionó, quiénes se beneficiaron, qué problemas continúan y qué decisiones deben corregirse. Los errores no borran los avances, pero los avances tampoco justifican los errores. Esa debería ser una regla básica para cualquier balance serio.
El progresismo tiene, además, una dificultad que todavía no termina de asumir. Gobernar no es lo mismo que ganar elecciones. Una política pública puede mejorar la vida de una comunidad y no convertirse automáticamente en respaldo electoral. Muchas personas pueden no conocer la medida, no atribuirle el beneficio o considerar más urgente otro problema. La gestión publica y la política electoral se relacionan, pero no son la misma cosa.
Por eso la comunicación gubernamental merece una revisión profunda. No basta con anunciar medidas ni con responder a los ataques de los adversarios. Hay que explicar los resultados en un lenguaje cercano, escuchar las preocupaciones de la gente y admitir lo que sigue sin resolverse. Hablar únicamente con quienes ya están convencidos es una manera segura de reducir el propio alcance.
El progresismo también debe entender que trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres, comunidades étnicas y sectores medios no viven ni interpretan el país de la misma manera que sus dirigentes. Las propuestas de justicia social, empleo digno, educación y salud deben conectarse con sus preocupaciones concretas. Convencer no depende solo de las consignas. Requiere presencia, argumentos y credibilidad.
La autocrítica, entonces, no puede limitarse a señalar las peleas internas o a responsabilizar a determinados dirigentes. Hay que preguntar por qué surgieron los conflictos, qué prácticas impidieron resolverlos y qué reglas deben cambiar. Una crítica que no identifica responsabilidades ni propone soluciones termina siendo apenas una descarga de inconformidad.
La renovación exige construir una organización política distinta. No basta con reunir partidos y dirigentes alrededor de una candidatura presidencial. Se necesita una estructura democrática, con reglas claras, participación real y controles sobre sus directivas. Un partido no puede funcionar como una burocracia concentrada en pequeños grupos que solo se activa durante las campañas.
Esa organización debe comenzar en los territorios. Allí están las personas que trabajan, estudian, producen y enfrentan diariamente los problemas que el progresismo dice querer resolver. Campesinos, trabajadores, jóvenes, mujeres, comunidades étnicas y organizaciones populares no pueden ser tratados como simples apoyos electorales. Deben participar en la elaboración del programa, la selección de representantes y el seguimiento de las decisiones.
La unidad tampoco puede reducirse a una fotografía entre dirigentes. Debe construirse desde abajo, mediante acuerdos programáticos y procedimientos transparentes para tramitar las diferencias. No se trata de ocultar los desacuerdos ni de exigir obediencia. Se trata de aceptar que una organización política madura puede discutir sin destruirse.
La defensa de lo realizado no debe servir para silenciar las críticas. Y criticar no significa traicionar el proyecto. El progresismo necesita aprender a reconocer sus avances sin idealizarlos y a señalar sus errores sin renunciar a sus principios. Si la discusión interna se convierte en una pelea por imponer verdades absolutas, solo producirá más desgaste.
También es necesario dejar atrás la victimización permanente. Las desigualdades económicas, mediáticas e institucionales existen y deben estudiarse. Las denuncias de interferencia electoral, si cuentan con elementos, deben investigarse con rigor. Pero ninguna presión e injerencia externa, que son innegables, exime a los dirigentes de revisar sus decisiones, mejorar la gestión y fortalecer la organización. Ni la
autoflagelación ni la condición de víctima ofrecen una salida política.
La controversia entre Currea-Lugo y García Prieto no debería quedar encerrada entre la idea del suicidio y la afirmación de que la izquierda fue simplemente asesinada. Una derrota electoral no significa la desaparición de un proyecto. Pero conservar las ideas y una base social tampoco garantiza su continuidad. El progresismo debe saber qué apoyos mantiene, cuáles perdió y por qué muchas personas se alejaron.
Ese balance debe convertirse en decisiones concretas. Considero que la primera es convocar una asamblea nacional del Pacto Histórico, con representación real de los territorios, los movimientos sociales y las distintas corrientes del proyecto. Allí debe discutirse la construcción de una organización común, con reglas democráticas, mecanismos para resolver conflictos y responsabilidades claras. La meta no puede ser
otra que superar la fragmentación.
La segunda tarea es crear una escuela de formación política y comunicación popular con presencia regional. Se necesitan liderazgos locales capaces de organizar comunidades, explicar las propuestas y escuchar las críticas. La formación no debe consistir en repetir consignas, sino en comprender la realidad, deliberar y construir alternativas.
La tercera es establecer un mecanismo público de seguimiento a las reformas sociales, especialmente en salud, pensiones y trabajo. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se aprobó, qué quedó pendiente, qué obstáculos aparecieron y cuáles fueron las
consecuencias de cada decisión. La discusión política no puede depender únicamente de las declaraciones de los dirigentes.
La cuarta tarea podría ser construir una mesa de unidad programática con partidos de izquierda, movimientos sociales y organizaciones populares. Esa mesa debería acordar prioridades y preparar una estrategia común para las elecciones territoriales de 2027 y los desafíos posteriores. La convergencia no puede convertirse en un reparto de candidaturas. Debe partir de las necesidades regionales y de la selección transparente de personas con trayectoria y respaldo social.
Nada de esto puede dejarse para la próxima campaña presidencial. La formación política, el trabajo territorial y la consolidación de liderazgos requieren tiempo. Un partido fuerte no se improvisa cuando aparecen los afiches. Se construye con presencia cotidiana, participación de las bases, rendición de cuentas y capacidad para convertir las demandas sociales en propuestas.
El progresismo tiene que conservar lo que funcionó, corregir lo que falló y atender lo que sigue pendiente. Los avances del Gobierno son una base que merece defenderse. Las promesas incumplidas exigen explicaciones. Los errores de gestión, comunicación y organización reclaman cambios. Las condiciones adversas, además, deben estudiarse para responder mejor. Ninguna de estas tareas puede reemplazar a las otras.
La discusión entre Currea-Lugo y García Prieto será útil si deja de ser una competencia para decidir quién tiene toda la razón. El progresismo necesita defender sus logros sin idealizar su gestión, corregir sus errores sin renunciar a sus principios y enfrentar a sus adversarios sin desconocer sus propias responsabilidades.
La esperanza, en este punto, no puede ser ingenua. Debe servir para recuperar la confianza de quienes se alejaron y fortalecer los vínculos con quienes todavía esperan cambios. El futuro no está garantizado por los logros del pasado, pero tampoco quedó clausurado por una derrota electoral. Dependerá de la capacidad de construir un partido democrático, arraigado en los territorios y sostenido por liderazgos sociales legítimos. Ese es el camino para que lo que se hizo no se pierda, lo que falta empiece a resolverse y lo que sigue abra una nueva posibilidad de llegar al poder.
