El pronunciamiento que este viernes, 25 de septiembre de 2026, hizo Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia —ANDI—, parece plantear la preocupación sobre si su relación con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, puede terminar convirtiéndose en una discusión sobre la autonomía y la capacidad de interlocución con el Gobierno de una de las principales organizaciones empresariales del País.

Mac Master había optado por el silencio. En su propia explicación, prefirió durante varios días privilegiar los canales institucionales porque consideraba que hablar públicamente no necesariamente contribuía a encontrar soluciones. Pero, finalmente, habló y no presentó el asunto como una disputa personal con el Jefe de Estado, sino como una situación que, a su juicio, afecta a la institucionalidad gremial.

“La ANDI es mucho más que su Presidente”, escribió Bruce Mac Master, resumiendo así el eje de su pronunciamiento, el cual fue particularmente cuidadoso.

Mac Master recuerda que la organización tiene 82 años de historia y más de 1.600 afiliados, y sostiene que la Institución ha sido construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas y colaboradores.

También recuerda que la ANDI ha trabajado con gobiernos de diferentes orientaciones políticas y su posición -según escribe- ha sido expresar sus diferencias, defender sus convicciones y buscar espacios de construcción conjunta.

Por eso una de las frases más importantes de la carta del Presidente de la ANDI es, probablemente, ésta:“La prudencia no es ausencia de posición”. Porque guardar silencio no necesariamente significa renunciar a las convicciones. Y dialogar con un Gobierno tampoco significa someterse a él.

Durante las últimas semanas se han conocido versiones sobre una relación deteriorada entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y Bruce Mac Master. Diversos medios han informado sobre supuestas presiones del Ejecutivo para que Mac Master no continúe al frente de la ANDI y sobre una eventual instrucción para que integrantes del gabinete no sostengan reuniones con el dirigente gremial.

Esas versiones no han sido formalmente confirmadas por el presidente De la Espriella ni por una decisión pública del Consejo de Ministros. El propio Mac Master tampoco atribuyó en su carta, directamente al Presidente, las acciones que denuncia.

Lo que sí es un hecho es que la junta directiva de la ANDI decidió mantener a Mac Master en la Presidencia, en medio de la controversia, después de otro episodio que puso sobre la mesa la relación entre el Gobierno y las organizaciones gremiales.

Carolina Soto había sido escogida por la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura —CCI— para ocupar su Presidencia Ejecutiva. Sin embargo, después de cuestionamientos públicos provenientes del entorno presidencial, Soto se vio obligada a declinar el nombramiento.

Posteriormente, la CCI designó a Tatyana Orozco como nueva presidenta ejecutiva. La Silla Vacía reportó en su momento que Orozco contaba con el “guiño” del presidente De la Espriella.

Ambos episodios han llevado a la opinión a preguntarse: ¿Hasta dónde puede llegar la relación entre el Gobierno y los gremios, sin afectar la autonomía de las organizaciones privadas?

La pregunta no significa que los gremios económicos deban estar por fuera del debate democrático ni que el Gobierno tenga que aceptar sus posiciones. Tampoco significa que un gremio tenga derecho a imponerle al Ejecutivo sus interlocutores. Significa que la interlocución entre el poder público y las organizaciones de la sociedad civil debe poder desarrollarse sin que las diferencias políticas terminen convirtiéndose en mecanismos de presión sobre la autonomía de esas organizaciones.

Lo objetivo, más allá del deber ser, es que la controversia comenzó a tener efectos internos: este 24 de septiembre se conoció que Coca-Cola Bebidas de Colombia e Industria Nacional de Gaseosas decidieron retirarse de la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI, aunque aclararon que esa decisión no significaba su desafiliación de la ANDI y que continuarían vinculadas al gremio y al día en sus obligaciones.

Posteriormente fueron reportados los retiros de Incauca, Providencia y Sucroal. Algunos reportes los relacionan con la actual coyuntura de la ANDI y con las dificultades de interlocución con el Gobierno.

Por eso, más que afirmar que existe una desbandada empresarial, lo responsable es señalar que sí se han producido movimientos de empresas y que esos movimientos han abierto un debate sobre la capacidad de interlocución del gremio con el Ejecutivo.

Los gremios no solamente defienden intereses económicos particulares, también constituyen canales de comunicación entre sectores productivos y el Estado.

De la misma manera, que un Gobierno escuche a los gremios no significa que tenga que aceptar sus propuestas. La democracia funciona, precisamente, porque existen intereses diferentes, organizaciones diferentes y posiciones diferentes que tienen derecho a expresarse y a ser escuchadas.

No pueden ni el Gobierno ni los gremios económicos perder de vista que están bajo el manto de la Constitución Política de Colombia, lo cual -con absoluta responsabilidad de uno y otros- trasciende la actual coyuntura política y económica.

El artículo 38 de la Constitución garantiza el derecho fundamental de libre asociación. Y el artículo 39 establece, entre otras cosas, que los trabajadores y empleadores pueden constituir asociaciones sin intervención del Estado, dentro del marco constitucional y legal.

Además, el artículo 333 reconoce la libertad económica y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común y establece que la empresa cumple una función social. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que Colombia combina libertad económica con intervención estatal orientada al interés general.

Esto permite entender que la discusión no puede reducirse a una pelea entre un Presidente y un dirigente empresarial.

¿Cómo se garantiza una relación respetuosa entre el Estado y las organizaciones privadas que representan intereses colectivos, cuando existen profundas diferencias entre sus dirigentes?

Se garantiza con la interlocución institucional, la libertad de asociación, el respeto por las competencias de cada actor y la posibilidad de expresar desacuerdos sin convertirlos en conflictos personales.

Si la relación entre el Gobierno y un gremio depende de que su presidente sea del agrado del mandatario de turno, la institucionalidad queda expuesta a una lógica inconveniente:
el interlocutor deja de ser escogido por la organización y empieza a ser condicionado por el poder político. Y eso podría convertirse en preocupante un precedente porque hoy se trata de la ANDI y de la CCI y mañana podría ser otro gremio… Después, una universidad, una organización social, un medio de comunicación o una asociación profesional.

La democracia no se fortalece cuando todas las instituciones coinciden con el Gobierno sino cuando pueden discrepar de él sin dejar de ser escuchadas.

La ANDI tiene programada para el 14 de octubre una reunión ordinaria en la que, según reportes, se buscarán fórmulas para enfrentar el actual impasse.

Bruce Mac Master terminó su carta haciendo un llamado que es absolutamente institucional:

“Colombia necesita más diálogo, más confianza y más capacidad de trabajar conjuntamente”.
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