Por: Heberto Tapias García
El 7 de agosto de 2026, bajo el lema «Patria Milagro», tomó posesión el nuevo gobierno nacional. Lo hizo anunciando el inicio del «tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad», una fórmula que, desde el primer día, señala una ruptura. La universidad pública, aunque no fue nombrada esa tarde, puede ocupar un lugar central en los cambios que ese nuevo orden se propone imponer.
En junio escribí, en Columnas de Opinión UdeA, que la universidad colombiana se enfrenta a un espejo roto que le devuelve una imagen fragmentada de sí misma. En esa imagen aparecen la nano-politiquería que ocupa espacios pensados para la deliberación académica, una idea de la producción académica que a veces confunde publicar con transformar, y una rigidez curricular que dificulta formar personas a la altura de su tiempo, como reclamaba Ortega y Gasset.
Esas dificultades siguen ahí y no podían resolverse en pocas semanas. Mientras la universidad intenta enfrentarlas, el contexto político nacional cambió. Ese cambio marca el paso de un gobierno progresista a un proyecto de nueva derecha, en medio de una polarización que algunos medios internacionales han descrito como pocas veces vista en la historia reciente del país.
Desde algunos sectores de ese proyecto político, la universidad pública ha sido presentada como un espacio ideológico adverso. Esta circunstancia merece atención, no porque la universidad deba asumir una posición partidista ni responder a cada señal que llegue desde el poder político, sino porque está en juego algo más profundo. Es posible que esa misma concepción, la de una universidad pública como adversario ideológico, sea la que termine prevaleciendo en los próximos años, con capacidad real para condicionar su autonomía, la producción de conocimiento y el cumplimiento de su responsabilidad social.
El nuevo proyecto político no llega solo con una propuesta de reorganización del Estado y de reducción de su intervención en distintos ámbitos. Llega también con una narrativa de batalla cultural que busca modificar ideas, valores y formas de interpretar la realidad, influir sobre qué pensar, qué valorar, cómo decidir y cómo actuar, hasta instalar un nuevo sentido común.
En ese propósito, instituciones como la universidad pública adquieren una importancia particular. Su tradición de pensamiento crítico, la autonomía en la producción de conocimiento, la formación ciudadana, su compromiso con los derechos humanos, la igualdad y la democracia son precisamente lo que esa nueva visión política pone en riesgo, al señalar a la universidad, con frecuencia, como uno de sus principales adversarios.
Por eso conviene prestar atención al lenguaje con el que se representa a la universidad ante la sociedad. Cuando se la describe de manera reiterada como «casa de vicio», «nido de terroristas» o «escuela comunista», el problema trasciende el terreno del insulto. Esas expresiones ayudan a construir una imagen de la universidad como institución ideologizada, poco útil para el país o incluso peligrosa para el orden democrático.
Una vez arraigada esa percepción, resulta más sencillo justificar políticas orientadas a restringir su autonomía, modificar su misión o condicionar sus recursos. La disputa deja de ser exclusivamente por la financiación. También está en juego la legitimidad de la institución, la manera como la sociedad entiende para qué sirve la universidad pública, a quién representa y qué aporta al país.
Esta dinámica tiene un rumbo previsible. Primero se cuestiona la utilidad social de la universidad. Luego se pone en duda la legitimidad de quienes la integran. Al final se abre la discusión sobre la necesidad de transformarla mediante mecanismos de control político, presupuestal o institucional. Colombia no debería asumir que está al margen de ese rumbo.
La respuesta de la universidad pública no puede consistir en encerrarse en sí misma ni en reaccionar a cada cuestionamiento desde una posición exclusivamente defensiva. Tampoco basta con apelar a la autonomía universitaria. La mejor defensa de la universidad es demostrar, con resultados, que sigue siendo indispensable para el país.
Aquí entra en escena la Universidad de Antioquia. El 9 de julio de 2026, pocas semanas antes del cambio de gobierno, Luquegi Gil Neira asumió como rector en propiedad para el período 2026-2029, con el plan «Cuidar. Transformar. Trascender». Su llegada coincide con un momento decisivo para la institución, que deberá formular el plan de desarrollo que orientará buena parte de su rumbo en la próxima década. Esta es una coyuntura excepcional para abordar, con entereza y sin temor, el riesgo político que enfrenta ante el nuevo gobierno nacional.
Hasta ahora, ese riesgo no parece ocupar un lugar suficientemente visible en la conversación institucional. Es comprensible que la estabilización financiera sea una prioridad, porque sin recursos adecuados no hay universidad sostenible. Una institución de educación superior, con todo, no puede reducir su proyecto de futuro a la administración de sus restricciones financieras.
Por eso hay una pregunta que la nueva rectoría debería incorporar de manera explícita en su reflexión estratégica. ¿Cómo preservar la autonomía académica y el carácter público de la Universidad cuando el gobierno nacional, del que depende buena parte de su financiación, puede tener entre sus banderas políticas la deslegitimación de aquello que la hace valiosa?
El silencio no es neutral. En un momento de disputa cultural, no nombrar el riesgo equivale a dejar el terreno disponible para quien sí tiene una narrativa clara sobre la universidad que quiere construir. Lo que se observa puede leerse como un acomodamiento, un ajuste silencioso de la administración universitaria a la nueva partitura del gobierno nacional, con la esperanza, razonable en el corto plazo y miope en el mediano, de que la prudencia institucional evite fricciones y proteja los recursos alcanzados. Es una apuesta comprensible desde la lógica de la supervivencia inmediata. También puede convertirse en una forma de renunciar de manera anticipada a la función que hace irremplazable a la universidad, que es pensar críticamente el poder, venga de donde venga.
La respuesta tampoco puede ser el enfrentamiento permanente con el gobierno, ni el extremo opuesto, una prudencia que se confunda con complacencia. La universidad debe relacionarse con el Estado con responsabilidad y construir acuerdos posibles, pero sin que eso signifique subordinación intelectual ni renuncia a la crítica. Moderar el discurso para evitar fricciones puede parecer prudente, aunque el costo de debilitar la autonomía suele ser mayor que el de cualquier conflicto coyuntural. Ese equilibrio será una de las principales pruebas de la nueva administración.
Ejercer la función crítica con autoridad exige, al mismo tiempo, reconocer las propias debilidades. La universidad no puede asumir que toda crítica externa es un ataque ideológico. Tiene problemas reales de gobernanza, burocratización, pertinencia curricular, comunicación con la sociedad, transferencia del conocimiento y eficiencia en el uso de los recursos. Ignorarlos sería tan perjudicial como aceptar sin discusión las descalificaciones que llegan desde ciertos sectores políticos.
Por eso mismo, la mejor estrategia frente al nuevo escenario consiste en acelerar la transformación interna. No hace falta esperar una reforma institucional completa para comenzar. Hay que empezar para que la reforma total tenga sentido.
La Universidad puede desarrollar proyectos piloto concretos y evaluables que demuestren que otra institución pública es posible. Puede experimentar con currículos que dialoguen con las nuevas tecnologías, fortalecer alianzas de investigación aplicada orientadas a problemas del territorio, ensayar esquemas de gestión académica más ágiles en las facultades dispuestas a hacerlo y ampliar las modalidades de formación profesional y permanente.
La transformación debe ser visible. Un gobierno que necesita presentar a la universidad como una institución adversaria, anacrónica y desconectada del país, encuentra su mejor respuesta en una universidad que demuestre, con resultados, que está cambiando con autonomía. Una institución que se limita a denunciar las amenazas externas tiene menos condiciones para defender su autonomía que una que demuestra, con hechos, que cambia y resuelve problemas.
Los cambios inmediatos necesitan una mirada de largo plazo. La Universidad debería aprovechar la formulación de su próximo plan de desarrollo para construir una visión de las próximas décadas, y no solo una programación administrativa para los años inmediatos.
El mundo atraviesa transformaciones profundas. La inteligencia artificial está modificando la vida cotidiana, la economía y el trabajo. La transición hacia un orden internacional más multipolar altera las relaciones económicas y geopolíticas. Campos como la bioeconomía y la nanotecnología abren nuevas posibilidades productivas. La universidad que no piense estos cambios terminará reaccionando tarde ante ellos.
El desafío consiste en construir una universidad que se transforme sin perder su esencia, más pertinente, eficiente y conectada con el territorio, y al mismo tiempo más autónoma, crítica y comprometida con el conocimiento. Modernizarla no puede significar convertirla en una institución subordinada a las necesidades inmediatas del mercado o a las prioridades del gobierno de turno.
La Universidad de Antioquia tiene aquí una responsabilidad que trasciende sus propios límites. Lo que ocurra con ella será observado como parte de una discusión más amplia sobre el futuro de la universidad pública colombiana. Por eso sería deseable que las universidades públicas del país construyeran una agenda común de transformación y defensa institucional, que no se limite a reaccionar ante cada coyuntura ni se reduzca a un reclamo gremial, y que le muestre a la sociedad qué universidad pública necesita Colombia.
Una que garantice oportunidades de acceso, genere movilidad social, produzca conocimiento pertinente, forme ciudadanos y contribuya al desarrollo científico, tecnológico, económico y cultural del país.
Esa agenda no puede construirse desde la queja gremial ni desde un discurso permanentemente defensivo. Debe convocar a rectores, profesores, estudiantes, egresados, trabajadores y organizaciones civiles alrededor de una causa común, y mostrar, de manera coordinada y sostenida, lo que la universidad pública hace todos los días: forma profesionales, desarrolla investigación, acompaña territorios y crea capacidades científicas y tecnológicas cuyos efectos, aunque no siempre inmediatos, se acumulan durante décadas en innovación, desarrollo económico y bienestar colectivo. No basta con afirmar que la universidad pública es necesaria. Hay que mostrar por qué lo es.
Una universidad aislada y encerrada en sus propias discusiones internas es un blanco fácil. Una universidad conectada con la sociedad, capaz de reconocer sus errores y respaldada por resultados concretos, se convierte en un actor con el que cualquier gobierno tendrá que dialogar y negociar. Su relevancia para el país será difícil de ignorar.
En junio pregunté si la universidad colombiana tendría el coraje de mirarse en su propio espejo roto. Hoy esa pregunta necesita ampliarse. No basta con mirarse hacia adentro si, al mismo tiempo, guarda silencio frente a quienes, desde el poder político, han decidido mirarla como adversario.
La universidad pública no tiene que escoger entre transformarse y defenderse. Necesita hacer ambas cosas al mismo tiempo. Debe transformarse para recuperar legitimidad, pertinencia y capacidad institucional. Debe defender su autonomía para preservar aquello que justifica su existencia.
La mejor respuesta frente a quienes quieren reducirla a una trinchera ideológica no será otra trinchera. Será una universidad abierta, rigurosa, crítica, pertinente, capaz de demostrar con hechos que pertenece a toda la sociedad.
El desafío más importante que tiene hoy la universidad pública colombiana es, quizá, no limitarse a resistir el cambio político, sino aprovechar este momento para demostrar que puede transformarse sin renunciar a su autonomía, a su responsabilidad social y a su compromiso con el conocimiento y la democracia.
Sin ese coraje, el acomodamiento de hoy puede convertirse en la irrelevancia o, peor aún, en la intervención de mañana. No es ese el futuro que sueño para la Universidad de Antioquia.
