El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó el llamado “Libro de la Verdad”, con el cual puso sobre la mesa 82 presuntos casos de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro, identificados durante el proceso de transición y las primeras revisiones de la nueva administración. El Presidente pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría investigar los hechos, establecer responsabilidades y determinar si hubo afectaciones al patrimonio público. En este sentido, advirtió que no pretende sustituir a la justicia ni convertir hallazgos en condenas.
Según lo planteado por el presidente Abelardo de la Espriella en la presentación del “Libro de la Verdad”, decidió comenzar su administración mirando también hacia atrás, pero no para gobernar anclado en el pasado, sino para conocer la verdad sobre lo ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro, particularmente en aquellos asuntos que pudieron comprometer recursos públicos, finanzas institucionales o la confianza de los ciudadanos.
La administración saliente y la entrante no realizaron un proceso formal de empalme. Sin embargo, el Gobierno de De la Espriella conformó un Grupo Élite Anticorrupción, encargado de recopilar y revisar información disponible, cuyos primeros resultados llevaron a identificar 82 presuntos casos de corrupción.
El nombre del Libro (“de la Verdad”) empieza generando una discusión política y jurídica, porque una cosa es documentar hechos que ameritan ser investigados y otra, muy diferente, afirmar que ya se conoce la “verdad judicial” sobre ellos.
En la presentación del libro, De la Espriella sostiene que gobernar exige mirar hacia el futuro, pero que ningún país puede construir seriamente ese futuro cerrando los ojos ante hechos que eventualmente hayan comprometido recursos públicos. Hasta ahí, una obligación política y administrativa perfectamente comprensible.
Pero el Presidente introduce una precisión fundamental: el “Libro de la Verdad” no pretende sustituir a la justicia, anticipar responsabilidades ni convertir los hallazgos en condenas. Esa tarea -afirma- corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso.
Porque en una democracia constitucional la lucha contra la corrupción no puede convertirse en una herramienta de persecución política. Tampoco puede confundirse una denuncia con una sentencia, un hallazgo administrativo con una responsabilidad fiscal definitiva, ni una investigación con una condena penal o disciplinaria.
Por eso resulta particularmente relevante que el Presidente haya solicitado a los tres principales organismos de control que hagan su trabajo de manera articulada: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República.
La respuesta de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, apunta precisamente en esa dirección. La funcionaria anunció la conformación de un Equipo Especial de Investigación para examinar los asuntos trasladados a la Fiscalía, dentro del marco constitucional y legal.
Camargo fue igualmente cuidadosa al recordar que la lucha contra la corrupción exige instituciones firmes y decididas, pero también prudentes, comprometidas con la rendición de cuentas, pero igualmente con la presunción de inocencia y el debido proceso.
Es decir: investigar sí; prejuzgar, no. Encontrar la verdad, sí; fabricar culpables, jamás.
Y aquí aparece una prueba importante para el Gobierno de Abelardo de la Espriella: si su propósito es realmente encontrar la verdad sobre los posibles hechos de corrupción ocurridos durante la administración de Petro, tendrá que permitir que esa verdad sea construida por las instituciones competentes y no por el discurso político.
La tarea del Ejecutivo es entregar información, preservar documentos, facilitar las investigaciones y garantizar que los organismos de control tengan acceso a todo aquello que pueda resultar relevante.
La tarea de la Fiscalía será establecer si existen conductas constitutivas de delito. La Procuraduría deberá determinar si hubo faltas disciplinarias. Y la Contraloría, establecer si se produjo un eventual detrimento patrimonial.
Y si después de las investigaciones existen responsables, tendrán que responder. Pero si no existen pruebas suficientes, también deberá respetarse la obligación democrática de reconocerlo.
Ese es, precisamente, el verdadero significado de la decencia política. Porque la decencia política no consiste en esconder la corrupción para proteger a los amigos ni en denunciarla selectivamente para atacar a los adversarios. Consiste en defender el patrimonio público venga de donde venga el responsable y en exigir que cualquier ciudadano, funcionario o exfuncionario responda ante la justicia cuando existan pruebas.
También significa aceptar algo que en tiempos de polarización parece haberse olvidado: nadie puede ser culpable porque lo diga un Presidente, un ministro, un periodista, un partido político o una red social.
La culpabilidad, cuando corresponda, debe establecerla un juez o la autoridad competente, mediante un proceso en el que se respeten las garantías constitucionales.
Por eso, el “Libro de la Verdad” debería entenderse como un punto de partida y no como un punto final. Como un inventario de hechos que merecen ser examinados y no como un conjunto de sentencias políticas.
El Presidente De la Espriella tiene derecho —y, más que eso, tiene la responsabilidad— de conocer qué ocurrió con los recursos públicos durante el gobierno anterior. Tiene también el deber de poner en conocimiento de las autoridades cualquier información que pueda revelar irregularidades.
Pero tiene igualmente la responsabilidad de no sustituir a esas autoridades.
Si los 82 casos presentados terminan demostrando conductas corruptas, el País tendrá derecho a conocer quiénes fueron los responsables y cuánto le costaron sus actuaciones al erario.
Si algunos no logran superar el escrutinio de las investigaciones, también será necesario decirlo.
Porque la verdad que necesita Colombia no puede ser una verdad de Gobierno, de oposición o de partido. Tiene que ser una verdad probada, investigada y establecida conforme a la Constitución y la ley.
Que el Ejecutivo encuentre los indicios, que los organismos de control encuentren las pruebas, que los jueces establezcan las responsabilidades y que, finalmente, la verdad la diga la justicia.
