Una tragedia de la dimensión provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes, 10 de agosto de 2026, no admite cálculos políticos, prejuicios ideológicos ni fronteras partidistas. Cuando una persona está atrapada bajo los escombros, lo único que debería importar es encontrarla, rescatarla y salvarle la vida.
Ese debería ser el principio rector de toda decisión pública durante una emergencia: primero la vida; después, todo lo demás.
El propio presidente Abelardo de la Espriella pareció entenderlo así desde el comienzo de la emergencia. Su instrucción fue perentoria: había que concentrar los esfuerzos en rescatar a las víctimas atrapadas bajo los escombros. Y, en un mensaje que merece ser recordado, sostuvo que frente a la tragedia no podía haber “distingos” ideológicos ni políticos y que Colombia tenía que permanecer unida.
Es una premisa elemental de humanidad. Y precisamente por eso resulta necesario preguntarse si todas las decisiones adoptadas posteriormente han sido consecuentes con ella. Por ejemplo, la relacionada con que Colombia sí autorizó equipos de rescate de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, mientras que la brigada de rescate mexicano no fue autorizada.
El Gobierno colombiano sostiene que la decisión obedeció a requisitos técnicos y de certificación, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que a la brigada mexicana se le pidió una certificación adicional, pese a que, según dijo, sus rescatistas cuentan con experiencia en 98 países.
El problema, entonces, no debería plantearse desde la simpatía o antipatía hacia los gobiernos de los países mencionados. Tampoco desde la defensa automática del Gobierno colombiano o desde la oposición política al presidente De la Espriella.
Conviene, sin embargo, hacer una precisión: no está suficientemente acreditado que la exclusión de los equipos mexicanos y venezolanos haya obedecido a una decisión explícitamente ideológica del Gobierno colombiano. La explicación oficial apunta a requisitos técnicos y de certificación.
Lo cierto es que en una emergencia cada hora cuenta y si una brigada tiene experiencia comprobada, equipos especializados, capacidad para localizar personas atrapadas y disposición inmediata para trabajar, la discusión no debería comenzar preguntando quién gobierna el país de origen de sus integrantes. Debería comenzar preguntando si esos rescatistas cumplen las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para salvar vidas.
No se trata de afirmar que cualquier grupo extranjero deba ingresar sin controles a una zona de desastre. Eso sería irresponsable. En un rescate hay riesgos enormes, protocolos que cumplir y necesidad de coordinación. La solidaridad también debe ser profesional.
Pero una cosa son los controles técnicos y otra permitir que la ideología determine quién puede ayudar y quién no.
La tragedia no pregunta si la persona que yace bajo los escombros votó por la derecha, por la izquierda o por el centro. No pregunta si su familia simpatiza con el Gobierno o con la oposición. No pregunta si quien llega con una pala, un perro especializado, un radar o un equipo médico procede de un país amigo o de uno con el que existen profundas diferencias políticas.
Por eso resulta contradictorio proclamar que no habrá “distingos” políticos o ideológicos y, posteriormente, generar dudas sobre si esos distingos pudieron influir en la selección de la ayuda internacional.
Si el Gobierno tiene razones estrictamente técnicas para aceptar unos equipos y descartar otros, debe explicarlas con absoluta transparencia. Debe decir qué certificaciones exige, cuáles son los estándares aplicados, qué equipos los cumplen y por qué otros no los cumplen.
Y si algún ofrecimiento internacional fue rechazado por razones diferentes a las técnicas, también debe decirlo.
Ésta no es una discusión entre abelardistas, uribistas, petristas, oficialistas y opositores. Convertirla en eso sería precisamente reproducir aquello que se pretende cuestionar: la polarización que termina poniendo las identidades políticas por encima de los problemas reales de la gente.
El terremoto ha dejado dolor, muerte, destrucción y familias que todavía esperan respuestas. En este escenario, el País necesita menos trincheras y más cooperación; menos sospechas y más transparencia; menos propaganda y más gestión; menos discursos partidistas y más capacidad para salvar vidas.
También necesita que la crítica sea responsable. Quienes cuestionan al Gobierno no deberían aprovechar la tragedia para convertir cada decisión en una prueba automática de mala fe. Pero el Gobierno tampoco debería interpretar toda crítica como un ataque político. En una democracia, preguntar por qué se tomó una decisión que puede afectar la posibilidad de salvar vidas no es hacer oposición: es ejercer control ciudadano.
La filosofía del “Humanismo en medio de la tragedia” obliga a todos:
• Obliga al Gobierno a poner la vida por encima de cualquier consideración política.
• Obliga a la Oposición a no convertir el sufrimiento de las víctimas en combustible para la confrontación.
• Obliga a los medios de comunicación a informar con rigor, verificar los hechos y no alimentar artificialmente la polarización.
• Y nos obliga a todos a entender que, frente a una tragedia, el adversario político deja de ser un adversario y se convierte en un compatriota que necesita ayuda.
Colombia no necesita que la tragedia nos haga pensar igual: necesita que nos haga actuar juntos.
Mientras continúen las labores de búsqueda y rescate, la pregunta fundamental debería permanecer intacta: ¿estamos haciendo todo lo humanamente posible para encontrar a quienes todavía pueden estar con vida?
Porque debajo de los escombros no hay izquierda ni derecha. Hay seres humanos esperando que alguien llegue a salvarlos. Ese debe ser el límite moral de cualquier discusión política en medio de una tragedia.
