Por: Luis Bernardo Vélez
Las opiniones expresadas en esta columna, son responsabilidad de su autor
Nunca les pasó por la cabeza ni a don Gaspar de Rodas, ni a Miguel Briceño que los terrenos de Toledo, Ituango y Briceño serían el escenario de uno de los más grandes proyectos hidroeléctricos de Colombia. Como muchos pobladores sólo conocieron una vocación agrícola, que seguramente se diversificará, por los cambios que implicará la construcción y puesta en marcha del megaproyecto.
Son Ituango y los municipios aledaños, tierras fértiles bañadas en recursos hídricos, montañas donde gente humilde ha vivido y sufrido desde hace décadas todas las modalidades del conflicto causante del desplazamiento de miles de familias que han estado en un vaivén permanente, donde sus derechos han sido violados de manera sistemática, donde su voz no se escuchado y hoy ante las discusiones que se plantean sobre lo que allí pasará, siguen sin preguntarles cuál es su opinión.
Me atrevería a decir que prefieren que sus hijos y sus nietos pudieran disfrutar de las riquezas que generará la Hidroeléctrica Pescadero – Ituango para toda la región, pues no es utópico pensar que la ciudadanía se inclina por la defensa y el disfrute de lo propio y de lo público.
Precisamente en esa discusión se encuentran varios actores de esta polémica historia. Desde las editoriales y columnas de opinión de diferentes medios de comunicación, analistas, académicos y políticos venimos manifestando la preocupación por la intención de entregar a empresas extranjeras un patrimonio público regional que ayudaría al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños, dadas las altas ganancias que obtendríamos de una inversión estimada en 2.800 millones de dólares.
Un proyecto de gran importancia para el nación pues representará la entrada al sistema de 2.400 megavatios, que significa casi la cuarta parte de la energía actual – 13.500 megavatios- y que ha sido pensado desde hace más de 40 años por nuestros ingenieros. Hoy tenemos la fortuna de contar con la capacidad técnica, humana y financiera para afrontar este reto, que no es más que la oportunidad para fortalecer el desarrollo y avanzar en la disminución de la inequidad social.
Insistir en una subasta apresurada, improvisada y sin muchas claridades para la opinión pública, resulta un disparate. Hacerla el próximo 31 de julio, ni siquiera dará lugar para el debate y aún son muchos los cuestionamientos sobre los reales intereses que se gestan tras esa figura. Esto no puede ser una pugna de poderes o protagonismos, Medellín también es Antioquia, lo nuestro también es la región, estamos por la defensa de lo público y esto implica tanto a EPM como al IDEA.
Quienes insistimos en que los beneficios resultantes de Pescadero- Ituango se queden en el país, en la clara intención de defender lo público, pedimos la unión de voluntades para aplazar la subasta, para que empiece la deliberación abierta porque esto no es sólo un proceso administrativo y financiero. Desde lo micro afectará de alguna manera a poblaciones y territorios por lo tanto, es también una discusión de desarrollo social y económico de grandes dimensiones. Y si en algún momento se ha politizado la discusión, es el momento de ampliarla sin temores y entendiendo que incluso el retroceso en las decisiones puede significar una ganancia para el futuro no sólo de la región sino de Colombia entera.
Éste es un periódico independiente y pluralista, que admite todas las opiniones, siempre y cuando no vayan en menoscabo de la Constitución, de la Ley y de la diversidad de derechos de los colombianos. Usted también puede expresar la suya.
