Hasta Álvaro Uribe Vélez, líder máximo del partido Centro Democrático que, en cabeza de sus congresistas María Fernanda Cabal y Christian Garcés, propone un Proyecto de Ley para que la tenencia y porte de armas solo se prohíba en caso de guerra o en estado de conmoción interior, está en desacuerdo.
El objetivo del Proyecto es tumbar la prohibición al porte de armas que rige desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que ha mantenido el presidente Iván Duque. Dicha prohibición se encuentra en el artículo 41 del Decreto 2535 de 1993.
El expresidente Álvaro Uribe manifestó su descontento, pidiendo que no se generalice el porte de armas y que se mantenga el decreto de desdarme y el otorgamiento especial de permisos por razones justificadas.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, dijo que es un completo error y que, al contrario, hay que ser más estrictos en el tema de las armas, tanto de fuego como las deportivas o traumáticas, porque son las que han usado los delincuentes para sus actividades criminales.
“La propuesta desde la ciudad de Medellín es que se penalice el porte de armas traumáticas o deportivas cuando no estén perfectamente guardadas en cajas que evidencien que no serán usadas en fines delictivos”, señaló el alcalde Quintero.
El analista del conflicto, Jaime Fajardo Landaeta, opina que es una propuesta que va contra el mandato constitucional del monopolio de las armas por parte del Estado.
“Con ese mismo criterio se montaron las Convivir en Antioquia que transitaron luego por delitos como la extorsión y la vacuna y terminaron en el paramilitarismo. Y con ese mismo criterio se armaron las milicias que impulsó la guerrilla”, manifestó en Sinergia Informativa Fajardo Landaeta.
El director de Corpades, Luis Fernando Quijano, dijo que es un despropósito.
“¿Cuántas armas ilegales y cuántas armas legales hay en la ciudad de Medellín…? Es una propuesta inviable que sólo permitiría que se multiplicara la toma de justicia por mano propia”, agregó Quijano en Sinergia Informativa.
La propuesta de Cabal y Garcés fija, entre otras, que se prohíba portar armas a las personas que sean condenadas por delitos en los que se haga uso de estas y le quita la incautación preventiva a las autoridades, lo cual se permitiría solo cuando se haya efectuado su uso indebido.
Dicen los autores que, al contrario de lo que piensan algunos detractores, el Proyecto fortalecería el monopolio sobre las armas al habilitar nuevamente su porte en el País. Señalan que se salvaguardará la vida de la ciudadanía y se fortalecería la percepción de seguridad.
