Por un presunto acto de corrupción, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación ordenó investigar disciplinariamente al alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo. Según el demandante, Javier Rodas, la Administración de Salazar Jaramillo le asignó en 2008 un contrato por 1.200 millones de pesos a “Antioquia Presente”, para la capacitación en educación no formal a los habitantes de Moravia.
De acuerdo con el abogado especialista en Derecho Administrativo, Javier Rodas, el nexo que permite presumir el acto de corrupción, se demuestra en la relación del alcalde Salazar y del ex secretario de Desarrollo Social, Geovanny Celis, con “Antioquia Presente”, ya que ambos hacían parte de la Junta Directiva de la Corporación en el momento de asignarle el contrato por encima de otros proponentes. En consecuencia, el ex Secretario de Desarrollo Social y la subsecretaria de Participación de la misma dependencia, Blanca Ceballos, también serán investigados disciplinariamente.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación había fallado en primera instancia a favor de los funcionarios del Municipio de Medellín, solicitando que se archivara la investigación porque consideraba que no había pruebas suficientes. Sin embargo, el demandante interpuso un Recurso de Reposición ante la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, convencido de que la adjudicación de dicho contrato estuvo llena de vicios.
El resultado de la impugnación fue la decisión de “revocar el Auto del 9 de marzo de 2010, por medio del cual el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal” había decidido archivar el proceso, y “ordenar, por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores Alonso Salazar Jaramillo, Geovanny Celis Rangel y Blanca Ceballos Calle”.
